REPORTE INDIGO AUTOR: ANABEL HERNANDEZ La debacle de los testigos protegidos El programa Testigos de Colaboración de la Procuraduría General de la República (PGR), en el que se han sustentado las principales investigaciones del actual gobierno federal contra el crimen organizado, opera sin control, sin seguridad ni estrategia. Todos son delincuentes confesos pero se les trata de manera muy laxa, irresponsable. Los dejan muy sueltos. Quienes son parte de ese programa son delincuentes confesos. Pero mientras a unos se les deja literalmente morir con la presunta complicidad de funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), cuya titular es Marisela Morales, a otros se les permite seguir trabajando en esa dependencia pese a haber confesado su participación en actividades de narcotráfico. Edgar Enrique Bayardo del Villar y Jesús Zambada Reyes, hijo del narcotraficante Jesús Reynaldo Zambada García, alias "El Rey", tienen en común que revelaron la colusión entre el Cártel de Sinaloa y altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), así como detalles de las operaciones de dicha organización criminal. En el transcurso de las dos últimas semanas, Bayardo del Villar y Zambada Reyes murieron debido a la negligencia que impera en el sistema de seguridad implementado por la SIEDO. De acuerdo a información recabada por Reporte Índigo, en la PGR existe la sospecha de que la ejecución de Edgar Enrique Bayardo, ocurrida el 1 de diciembre, fue orquestada por servidores públicos de la propia SIEDO asignados a su seguridad. Aún hay muchas cosas que debe explicar la PGR. Por ejemplo ¿por qué aseguran que Bayardo vivía en una casa de seguridad cuando sus vecinosafirman que en varias ocasionesdormía en un lujoso departamento en la Colonia Polanco. En cambio, en el caso de Roberto García García, alias "David", uno de los principales testigos protegidos de la Operación Limpieza, la PGR permitió que el enemigo siguiera durmiendo en casa. De acuerdo a documentación que está en poder de Reporte Índigo, García García siguió laborando como primer subcomandante de la Agencia Federal de Investigación (AFI), hoy llamada Policía Federal Ministerial, aun después de haber confesado que tenía vínculos con el narcotráfico desde hacía años. El programa Testigos Colaboradores de la PGR es literalmente un desastre. ¿Quién mató a Bayardo? La ejecución de Edgar Enrique Bayardo y el supuesto suicidio por asfixia de Jesús Zambada Reyes, sucedido el pasado 11 de noviembre, detonaron la bomba de irregularidades del programaTestigos Colaboradores que opera la SIEDO. El artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada estipula que cuando un miembro de crimen organizado colabora sin que exista una averiguación previa en su contra, todo lo que diga no será tomado en cuenta para actuar en su contra. Cuando haya una averiguación previa, el colaborador esté implicado y aporte indicios para la consignación de otros miembros de la delincuencia organizada, la pena que le correspondería por los delitos por él cometidos podría ser reducida hasta en dos terceras partes. Bayardo fue aprehendido el 28 de octubre de 2008, siete días después de la detención de Jesús Zambada García, "El Rey", líder del Cártel de Sinaloa en el Distrito Federal, que se disputa con los hermanos Beltrán Leyva el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. "El Rey" fue arrestado junto con su hijo Jesús y su hijastro Ricardo Flores Quintana. Y fue casi por accidente, cerca de la Colonia Lindavista, cuando el narcotraficante estaba escoltado por cuatro elementos activos de la Policía Federal. Tras la detención, se abrió la averiguación previa PGR/UEIDCS/350/2008, en la que Jesús y Ricardo se acogieron al programa Testigos de Colaboración. El primero bajo el alias de "Rambo III"; el segundo como "María Fernanda". Ambos delataron el modus operandi de la complicidad entre funcionarios de la SSP federal y el Cártel de Sinaloa. Entre los funcionarios coludidos que cobraban cuotas de 25 mil dólares, apareció el nombre de Edgar Enrique Bayardo, entonces subdirector de la División de Operaciones de la PFP, quien fue aprehendido días después. No fue a declarar voluntariamente, sino que fue presentado a raíz de la denuncia de los hijos de Zambada. Según la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se le podía reducir la condena a la que fuera acreedor, pero no ameritaba permanecer en libertad. Cuando fue detenido, se acogió al programa Testigos Colaboradores con el seudónimo de "El Tigre" y acusó al comisionado interino de la Policía Federal Preventiva (hoy Policía Federal), Gerardo Garay Cadena, de estar al servicio del Cártel de Sinaloa. También delató a Francisco Navarro Espinosa, director general de la Coordinación de las Fuerzas Federales de Apoyo de la PFP, por presunta protección al Cártel de Sinaloa. En Reporte Índigo 105, se informó que el 30 de octubre, Gerardo Garay Cadena y Francisco Navarro Espinosa habían sido detenidos por presunta protección al Cártel de Sinaloa. En ese entonces, también fue citado a comparecer Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia para la Prevención del delito. Tras la presión del Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, Cárdenas Palomino y Garay Cadena, fueron liberados. Al día siguiente, Garay Cadena renunció a su cargo, pero finalmente fue detenido y acusado de estar vinculado con la delincuencia organizada. Presuntamente, se prestaba a detener por encargo a narcotraficantes enemigos del Cártel de Sinaloa. Después de su detención, la PGR afirmó que la fortuna personal de Edgar Enrique Bayardo ascendía a 28 millones de pesos, monto que no correspondía a sus ingresos como servidor público. Ese dato "novedoso" no era realmente una noticia. Al menos no para las autoridades, ya que en su declaración patrimonial inicial de 2007, dijo que poseía esa fortuna desde que ingresó a la SSP federal. Ni siquiera aplicando los "rigurosos" filtros de la dependencia llamó la atención la inconsistencia de las cuentas personales de Bayardo. Como ha sucedido con el propio Genaro García Luna, quien pese a no tener recursos y estar lleno de deudas, este año construyó en la Colonia Jardines en la Montaña una residencia valuada en por lo menos 20 millones de pesos y adquirió otras propiedades. En su declaración patrimonial inicial de 2008, Bayardo declaró que por "servicios profesionales", ganó el doble de lo que percibió como servidor público. Como funcionario de la PFP tenía un sueldo mensual neto de 21 mil 905 pesos. ¿Nadie se cuestionó de dónde venía el dinero? La fortuna de Bayardo tenía una clara explicación. Desde que fue subprocurador en Tlaxcala, durante el gobierno del perredista Alfonso Sánchez Anaya (1999-2001), fue acusado de pertenecer a una banda de secuestradores. Ahora se sabe, según sus propias declaraciones, que desde entonces trabajaba también para el Cártel de Sinaloa. El miércoles pasado, en conferencia de prensa, el vocero de la PGR Ricardo Nájera dijo que Bayardo se había salido de la casa de arraigo sin avisar a nadie. Precisó que, aunque dos de los escoltas fueron llamados a declarar, no están detenidos. La principal sospecha recae en el director de su escolta, que el 1 de diciembre, día de la ejecución de Bayardo, no se presentó a trabajar. Esto implicaría una operación orquestada desde el interior de la SIEDO. Días antes, en la casa de seguridad ubicada en calle Santa Úrsula Xitla número 87, de la Delegación Tlalpan, fue encontrado sin vida Jesús Zambada Reyes, alias "Rambo III", quien supuestamente se había suicidado. Independientemente de si esta versión es real o no, esta muerte es responsabilidad de la SIEDO porque sus escoltas debieron estar al cuidado del testigo protegido. De acuerdo a lo señalado por el vocero Ricardo Nájera, "Rambo III" y "El Tigre" compartían la casa de seguridad. Sin embargo la versión contrasta con la de vecinos del lujoso condominio de la calle Tres Picos número 86 en la Colonia Polanco donde viven personalidades como la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, o el ex canciller Jorge G. Castañeda. De acuerdo a la información que pudo corroborar Reporte Índigo, Bayardo ocupaba dos departamentos, cada uno con un valor de 800 mil dólares. Era común verlo sin un aparato de seguridad visible. Quienes ganan con la muerte de "El Tigre" y "Rambo III" son los funcionarios de la SSP federal que han sido acusados de tener vínculos con el narcotráfico. Y la lista de implicados podría ampliarse de continuar las investigaciones. Todavía están vivos los testigos "María Fernanda" y "Jennifer", alias del abogado de Edgar Valdez Villarreal, "La Barbie", sicario de los Beltrán Leyva. Después de estos sucesos, ¿querrán seguir colaborando con la SIEDO? Dejan al enemigo durmiendo en casa El gobierno de Felipe Calderón ha presumido la detención de servidores públicos presuntamente vinculados con el narcotráfico como uno de sus logros. La Operación Limpieza ha sido la justificación para demostrar que se está trabajando para detectar y castigar a los narcofuncionarios. Sin embargo, según lo que consta en documentación obtenida por Reporte Índigo, funcionarios que confesaron haber trabajado para el narcotráfico, no sólo pudieron circular libremente por las calles, como Edgar Enrique Bayardo y Jesús Zambada Reyes, sino que algunos continuaron trabajando en la PGR durante meses. El gobierno federal dejó que el enemigo siguiera durmiendo en casa. Es el caso de Roberto García García, testigo primordial para sustentar la Operación Limpieza, quien fue detenido el 31 de julio de 2008. Nació el 7 de noviembre de 1973 en Guerrero. Es subteniente de Sanidad, fue integrante del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES) del Ejército Mexicano y trabajó en la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO). Fue nombrado primer subcomandante de la AFI en la administración de García Luna y posteriormente fue adscrito a la SIEDO. Rindió su primera declaración el 1 de agosto de 2001 y quedó asentada en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008. En la segunda, que fue el 5 de agosto, pidió acogerse a los beneficios de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Quedó bajo el seudónimo de "David". Sus dichos confirman los cargos contra Alfredo Beltrán Leyva, alias "El Mochomo", y de Mariano Herrán Salvatti, ex procurador de Chiapas y ex titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, quien también se encuentra detenido. La declaración de "David", junto con las de Fernando Rivera Hernández, alias "Moisés", y José Alberto Pérez Guerrero, alias "Felipe", todos ex funcionarios de la PGR, dieron origen a la detención del ex titular de la SIEDO Noé Ramírez Mandujano y de otros tres funcionarios de primer nivel de la Procuraduría General de la República. "David" confesó que desde hacía años -no especifica la fecha-, cuando estaba adscrito por la AFI en Guerrero, trabajaba para el Cártel de Sinaloa, específicamente para los hermanos Beltrán Leyva. En 2007, cuando llegó a las oficinas centrales de la SIEDO, retomó sus contactos con los narcotraficantes y siguió trabajando para ellos recibiendo pagos mensuales de 50 mil dólares. A diferencia de Edgar Enrique Bayardo y de los demás funcionarios que se acogieron al programa Testigos de Colaboración, García García continuó trabajando en la PGR. Con ello se violó la Ley Federal de Delincuencia Organizada, que si bien señala que los delincuentes confesos pueden recibir beneficios, como la reducción de sus penas, no permite que puedan seguir desempeñando sus cargos públicos. Reporte Índigo tiene en su poder la última declaración patrimonial que Roberto García García, alias "David", presentó el pasado 3 de noviembre ante la Secretaría de la Función Pública. En esta declaración patrimonial de conclusión de cargo como funcionario de la PGR, García García afirma que trabajó en la SIEDO hasta el 31 de diciembre de 2008, es decir, cinco meses después de haber declarado su complicidad con el narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos ha sido renuente a entregar recursos a la PGR y a la SSP federal porque teme que esos recursos vayan a parar a manos equivocadas. ¿Qué pensarían las autoridades de ese país si supieran que un narcotraficante confeso siguió laborando en la PGR? Demasiado tarde Desde febrero de este año, Reporte Índigo reveló que la SIEDO tenía prácticas laxas con los Testigos Colaboradores. Informamos que "Rambo III" afirmaba que el hijo de "El Rey" Zambada dormía en el primer piso de la SIEDO, en el área de la Coordinación Técnica, y que los fiscales lo habían visto bajar al área de regaderas destinada a los entonces agentes federales de investigación (AFIS) adscritos a la PGR. También podía hacer pedidos especiales de comida. Mientras el personal de la PGR consume alimentos del "Café Colón", restaurante con el que la dependencia tiene un convenio, los testigos protegidos duermen en camastros pueden pedir comida árabe. La PGR anunció el miércoles pasado que se someterá a revisión el esquema del programa de testigos. Demasiado tarde, el daño está hecho. Negligencia criminal Siete nuevos elementos de la Policía Federal fueron enviados a cumplir una misión oficial a la zona caliente de Michoacán, pero nunca llegaron a su destino. Desaparecieron. La Secretaría de Seguridad Pública federal no sabe nada. El caso de la desaparición de siete elementos de la Policía Federal y un civil en Michoacán desde hace 19 días, sin que hasta ahora se tenga pista alguna de su paradero, refleja la indolencia de las autoridades que usan a los policías como carne de cañón. Los elementos fueron enviados al municipio Ciudad Hidalgo, Michoacán, ubicado en una de las zonas más calientes en cuanto a violencia y narcotráfico. El área es dominada por La Familia. Pese al presupuesto millonario asignado a la Policía Federal - alrededor de 330 mil pesos anuales por cada uno de los 45 mil elementos-, el comando de siete elementos fue enviado sin haber recibido capacitación, sin viáticos, sin vehículos oficiales y sin uniformes. Literalmente, los mandaron a la guerra sin fusil. Y durante la primera semana que estuvieron desaparecidos, la Policía Federal no hizo nada para buscarlos y rescatarlos, vivos o muertos. Hasta que protestaron los familiares de los desaparecidos, que fueron amedrentados por la policía, la dependencia notó que sus elementos nunca llegaron a su destino. ¿Cómo puede la Policía Federal proteger a la ciudadanía si ni siquiera puede hacerlo con sus propios elementos? Ni todo el costoso equipo de supuesta inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) ha servido para localizar a sus hombres. El pasado lunes 16 de noviembre, a las 11 de la mañana, siete elementos del 21 agrupamiento de la Coordinación de las Fuerzas Federales de Apoyo se dieron cita en las oficinas del Centro Operativo de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa para cumplir con la comisión que les había sido encomendada Tenían que ir a Ciudad Hidalgo, Michoacán, zona dominada por La Familia, para integrarse a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal sin dejar de pertenecer a la Policía Federal. Con la crisis de inseguridad que se vive en Michoacán y la aprehensión de 10 alcaldes de ese estado, entre ellos el panista de Ciudad Hidalgo, José Luis Ávila Franco, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, ha acaparado la designación de los nuevos secretarios de seguridad municipales. El grupo estaba integrado por Juan Carlos Ruiz Valencia, de 33 años, que iba como secretario de Seguridad Pública del municipio; Pedro Alberto Vázquez Hernández, de 33 años, segundo de a bordo, y Luis Angel León Rodríguez, de 23 años, sargento primero. También formaban parte de la misión Bernardo Israel López Sánchez, de 31 años, sargento segundo; Israel Ramón Ulsa, de 25 años; Jaime Humberto Ugalde Villeda, de 25 años, y Víctor Hugo Gómez Lorenzo, de 34 años. Los tres últimos iban como cabos. Todos ellos recibieron el 14 de noviembre sus oficios de comisión, documentos de los cuales tiene copia Reporte Índigo. Lo que nunca recibieron fue el entrenamiento y los recursos materiales y económicos para cumplir con seguridad la delicada misión. De hecho, casi todos apenas tenían dos años en la corporación y escasa o nula capacitación.
La práctica nociva de no entregar viáticos a los policías sino hasta tres o seis meses después de salir a sus comisiones, pese a que la Policía Federal cuenta con más presupuesto por elemento que el Ejército Mexicano y la Armada de México, puso en peligro la vida de siete funcionarios públicos y un civil que continúan desaparecidos. Tampoco hubo vehículos para que viajaran en unidades oficiales o en vehículos encubiertos que tiene la PF en buen estado, incluso blindados. Por eso, los siete elementos tuvieron que hacer una "vaquita" para pagarle al civil Sergio Santoyo García, amigo de uno de los elementos comisionados, quien los llevaría a Ciudad Hidalgo. Santoyo García no tenía vehículo propio, así que pidió prestada una vieja camioneta Suburban modelo 1996 placas LYH 1743 azul marino con el cofre y la salpicadera derecha de color blanco. No iban uniformados y sólo llevaban las armas de cargo: cada uno una carabina AR-15 con cargadores y cartuchos orgánicos. Las órdenes directas venían del director general adjunto de Operaciones Luis Graciano Ramírez Fernández, con la responsabilidad de Rafael Avilés, coordinador de Fuerzas Federales de Apoyo. Los ocho salieron de las oficinas de Iztapalapa previo registro de salida de las armas y la camioneta. Jamás llegaron a su destino. La primera alarmada fue la esposa de Santoyo porque su marido le había dicho que regresaría ese mismo día. Luego se inquietaron los familiares de los siete elementos, ya que no tenían ni una sola noticia, y estaban acostumbrados a recibir aunque fuera una breve llamada de que sus hijos o esposos habían llegado bien. Búsqueda frenética La zozobra crecía entre los familiares. Rondaba el recuerdo de los 12 cuerpos de elementos de la PFP que habían sido descubiertos con signos de tortura y apilados a la orilla de una carretera de Michoacán. Todo fue obra de La Familia. El miércoles 18 de noviembre, algunos familiares fueron al Centro Operativo de Mando para preguntar por los elementos que no se habían reportado. No hubo una respuesta formal. Nada más les dijeron que estaban en una misión muy delicada y que por eso no se comunicaban. La angustia crecía. Volvieron el jueves, el viernes, y nada. Finalmente, el sábado 21, esperando ser recibidos por Avilés, los familiares fueron a las oficinas de Iztapalapa a suplicar que les dieran información sobre los desaparecidos. Un hermano de una de las víctimas, que también es elemento de la Policía Federal, hizo un oficio dirigido a Avilés para que fueran a buscar a los elementos desaparecidos. Los familiares lograron entrar a las instalaciones. Al parecer, nadie sabía que los siete elementos y el civil estaban desaparecidos, o a nadie le importaba el hecho. El secretario particular de Avilés, Alejandro Santisu, corrió a los familiares sin darles información. De acuerdo a lo narrado por testigos de los hechos, la madre de uno de los muchachos fue sacada dentro de una patrulla, como si fuera una delincuente. Fue hasta ese día que el "equipo de inteligencia" de la SSP federal, que ha costado miles de millones de pesos al erario, cayó en la cuenta de que los elementos habían desaparecido. El asunto llegó a oídos de Jorge Tello Peón, secretario del Sistema de Seguridad Nacional, quien llamó a Facundo Rosas, comisionado de la PF. Unas horas después, Santisu ofrecía disculpas a los familiares. Se supone que el domingo 22 de noviembre salió un convoy de 80 elementos para buscar a los efectivos desaparecidos. Pero el temor de entrar a Michoacán es tan grande, que solo han buscado en las ciudades, no se han internado en los poblados ni en zonas deshabitadas. La noche del sábado 21 de noviembre, personal de la PF comenzó a llamar a los familiares para que se presentaran el lunes a fin de informarles sobre la situación de los policías. El lunes 23, los familiares fueron llevados a Michoacán en un camión turístico. El propósito era que fueran los propios familiares quienes interpusieran una denuncia en esa entidad por la desaparición de los elementos. Les advirtieron que si alguien los detenía, bajo ninguna circunstancia podían decir de dónde venían. Tendrían que decir que eran turistas. Todavía no llegaban a Constituyentes cuando el camión dio la vuelta. El mensaje era aterrador: "no podemos garantizar allá su seguridad". Les ofrecieron presentar una denuncia ante la delegación metropolitana de la PGR, por lo que fueron citados a la una de la tarde. Sin embargo, apenas era de madrugada, y no podían retirarse del lugar. Reporte Índigo estuvo ahí con sus cámaras, pero en cuanto los funcionarios de la PF detectaron nuestra presencia, subieron a los familiares al camión que los transportaba para evitar que hablaran. El abogado José Mario Morales Reyes, de la Policía Federal, denunció hasta ese día que sus elementos no habían llegado a su destino. La PGR abrió la averiguación previa AP/PGR/DF/SPE-XI/5339/09-11. En la denuncia, Morales Reyes afirma que Juan Carlos Ruiz Valencia fue elegido para ser secretario de Seguridad Pública de Ciudad Hidalgo "por ser de absoluta confianza para conformar un grupo de trabajo". Ruiz Valencia viene del viejo equipo de la Agencia Federal de Investigación de García Luna; después entró a la PF. La consigna de la PF fue que bajo ninguna circunstancia se podía filtrar información sobre la negligencia cometida. Miembros de esta dependencia incluso dijeron que si los familiares contaban lo que había pasado, ponían en riesgo la vida de los policías desaparecidos. "Si esto lo hacen público, si sus familiares están vivos, los pueden matar, pero ustedes hagan lo que quieran", les advirtió Santisu. Y es que el momento era el más inoportuno. Justamente el 24 de noviembre García Luna inauguró el nuevo Centro de Inteligencia de la PF. Este centro consta de dos edificios: uno de análisis táctico y otro subterráneo de tres niveles que concentra la información criminal de Plataforma México. El edificio subterráneo cuenta con estrictas medidas de seguridad para controlar el ingreso. Según indicó la SSP, tiene filtros para leer las huellas dactilares de quienes entran. En su interior alberga una sala nacional de mando con cuatro secciones divididas en cuadrantes: Norte, Sur, Oriente y Poniente. Cada cuadrante monitorea diferentes aspectos, como instalaciones estratégicas del país y alertas nacionales. Revelar en ese momento la desaparición de los siete elementos y un civil, de la cual ni siquiera se habían percatado, pondría en su justa dimensión la capacidad de la Policía Federal, que no puede salvaguardar la integridad de sus propios efectivos. Dinero a cambio de búsqueda Avilés se ha reunido un par de veces con los familiares. Y aunque no les ha informado sobre el avance de la búsqueda, les ha ofrecido entregarles las quincenas de los funcionarios desaparecidos, el aguinaldo e incluso plazas a quienes se hayan quedado desamparados. "Entréguenme a mi hijo, vivo o muerto, pero devuélvanmelo", reclamó uno de los familiares a Avilés, quien permaneció impasible. Le preguntaron por qué los habían mandado a un lugar así si no teníanla experiencia necesaria. Y además, sin viáticos, ni vehículos oficiales, ni uniformes. El funcionario no respondió. Según él, le había dado instrucciones a Juan Carlos Ruiz Valencia, quien iba como secretario de Seguridad Pública municipal, para que se fueran en vehículos oficiales y armados. Avilés les dijo que por la secrecía de la investigación, no podía proporcionarles detalles. Lo único que se sabe es que la última caseta que pasaron los siete elementos fue la de Maravatío. Ya pasaron 19 días y no aparecen. Sin avisar a los familiares de las víctimas, el 27 de noviembre llegó a Ciudad Hidalgo otro agente enviado por la SSP federal. Era Rafael Muñoz Rojas, quien sí pudo tomar posesión como secretario de Seguridad Pública municipal. La PF ya daba por perdida la localización de los elementos. Muñoz Rojas es de procedencia militar, trabajó en la AFI con García Luna y tiene el grado de subinspector en la PF. Entre los familiares, una duda empieza a crecer: ¿cómo pudieron haber sido detectados los siete elementos si no iban uniformados ni en vehículo oficial? La única respuesta es que alguien los pudo haber delatado desde dentro de la Policía Federal. Los siete policías desaparecidos son parte de la carne de cañón quemada en una supuesta guerra cuya victoria no se ve llegar por ningún lado. Pero en aras de esa guerra, la Secretaría de Seguridad Pública federal y su ejército negro se han ido fortaleciendo, aunque ni siquiera puedan cuidar a sus propios elementos. |
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