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Falacias
Tanto la segunda vuelta como el candado de gobernabilidad buscan otorgarle al Presidente mayoría en la Cámara de Diputados para que aplique su programa en la primera mitad del sexenio
Las propuestas de reforma política (segunda vuelta o candado de gobernabilidad) han sido descalificadas con una serie de argumentos que no se sostienen. Enumero y desarmo, a continuación, los más repetidos.
1. El principio de representación proporcional (porcentaje de diputados igual a porcentaje de votación) es superior al principio de representación mayoritaria (el candidato que gana un distrito por mayoría gana y ya).
Esta afirmación no se sostiene teórica ni históricamente. Teóricamente, porque en un sistema de representación mayoritario (un diputado por distrito) se establece una vinculación directa entre el representante y los electores, relación que no se da en un sistema de representación proporcional.
En ciencia política es un lugar común reconocer que no hay regímenes perfectos y que la discusión sobre la superioridad de la representación proporcional carece de sentido.
Históricamente, porque los primeros sistemas democráticos (Gran Bretaña y Estados Unidos) funcionaron y funcionan de acuerdo al principio de representación mayoritaria. En ambos hay sobrerrepresentación (porcentaje de diputados superior al porcentaje de votación). Y, sobra decirlo, nadie cuestiona la legitimidad democrática de esos regímenes.
2. El pluralismo en México depende de la representación proporcional y de que se mantenga el precepto constitucional de que ningún partido pueda tener una sobrerrepresentación (porcentaje de diputados superior al porcentaje de la votación) del 8 por ciento.
Falso de toda falsedad. La cláusula del 8 por ciento se inscribió en la Constitución en 1996. Sin embargo, el nacimiento del PRD en 1989, y consecuentemente el pluripartidismo, tiene sus antecedentes en 1988. Cárdenas obtuvo el 30 por ciento de la votación y se convirtió en la segunda fuerza política. No había entonces ninguna cláusula que limitara la sobrerrepresentación en el Congreso.
3. La representación proporcional (incluida la cláusula del 8 por ciento) es una garantía para preservar el pluralismo. Su eliminación o la instauración de una segunda vuelta constituye un acto de violencia contra el pluralismo y, consecuentemente, contra la democracia.
Frente a semejante despropósito conviene preguntarse: ¿cuando hablamos de pluralismo y representación proporcional en México de qué hablamos? ¿Del Partido Verde, que es una empresa familiar? ¿Del Partido del Trabajo, que es un negocio de Alberto Anaya y se autoidentifica como una formación maoísta? ¿De Nueva Alianza, feudo e instrumento de la maestra Elba Esther Gordillo?
¿Éste es el pluralismo que hay que defender a capa y espada? Si mañana desapareciera cualquiera de esos tres partidos, ¿se vería minada nuestra democracia o se limpiaría la casa de opciones y negocios indeseables? Ésa es la pregunta.
Los "fundamentalistas" de la representación proporcional responden aterrados que sí, que sería un acto de violencia inaceptable. Los ciudadanos, por su parte, no se inmutan porque se sienten no representados.
4. Todo en esta vida tiene un costo. El pluralismo y la democracia suponen negociación y contrapesos. Quienes demandan mayorías y eficacia son autoritarios y nostálgicos del régimen priista. Nada más y nada menos.
Falso. Los ejemplos de sistemas de representación proporcional eficaces existen. Pero su buen funcionamiento depende de la forma en que integran su gobierno. Los regímenes parlamentarios de representación proporcional imponen y premian las alianzas entre las fuerzas políticas para formar mayorías y gobierno. De ahí los gobiernos compartidos y las coaliciones estables. La responsabilidad y la eficacia son su corolario.
El impasse que se vive en México es el efecto de una pésima combinación (un régimen presidencial más pluripartidismo con representación proporcional) y no el costo ine- vitable de la democracia y el pluralismo. Por eso se puede y debe corregir.
5. La instauración de un candado de gobernabilidad (otorgarle la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados al partido más votado) o la instauración de una segunda vuelta en la elección presidencial conduciría inevitablemente al bipartidismo y debilitaría el pluralismo.
No hay ninguna evidencia ni argumento que respalde esta afirmación. La segunda vuelta en el 2000 se hubiese dado entre el PRI y Acción Nacional. En el 2006 entre Acción Nacional y el PRD. En el 2012 podría ocurrir entre el PRI y el PRD. Nada está escrito.
Pero además, en la elección intermedia no aplicaría ni la segunda vuelta ni el candado de gobernabilidad (otorgarle mayoría al partido más votado en la elección presidencial). Los electores optarían por alguno de los tres partidos y su decisión se vería reflejada de manera proporcional en la Cámara de Diputados.
Tanto la segunda vuelta como el candado de gobernabilidad buscan otorgarle al Presidente mayoría en la Cámara de Diputados para que aplique su programa en la primera mitad del sexenio. En ese contexto, la elección intermedia otorga a los ciudadanos la facultad de respaldar al Ejecutivo o de sancionarlo por su mal desempeño votando por las oposiciones.
Se trata en ambos casos de una propuesta mixta: la elección presidencial poniendo el énfasis en la formación de una mayoría y la elección intermedia operando bajo el principio de representación proporcional.
Concluyo: cuando se les pregunta a los impugnadores de las iniciativas de reforma: qué hacer para mejorar la gobernabilidad en México, responden con banalidades que no sirven para nada. Pero el impasse del régimen político no es una alegoría. Es una realidad que impone cambios aquí y ahora.
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