AUTORITARISMO
RENE DELGADO
REFORMA
| SOBREAVISO Autoritarismo |
René Delgado
17 Abr. 10
Poco a poco se configura una tentación autoritaria en el gobierno.
Pronunciamientos y reclamos así como acciones y actitudes oficiales comienzan a integrar un cuadro en el que, de pronto, en aras de la seguridad se sacrifica libertad y, absurdamente, se victimiza o criminaliza a la ciudadanía que supuestamente se quiere reivindicar.
Plantear como disyuntiva seguridad o libertad siempre ha sido una empresa política de un altísimo costo para las sociedades.
Entre quienes recientemente echaron mano de ese recurso se cuentan el estadounidense George Bush y el español José Aznar, que se embarcaron en una guerra absurda sin tener claro su objetivo. El costo de esa aventura, que, por lo demás, aún no concluye y constituye un fracaso, lo siguen pagando las sociedades de sus respectivos países que vieron constreñidas libertades civiles y lastimada una cultura de respeto a los derechos humanos.
Ambos mandatarios cayeron en la tentación de construir de un golpe y a golpes un liderazgo que no podían edificar por otra vía. En un primer momento vieron crecer su popularidad pero, a la vuelta de los años, se desvaneció aquélla y, de la desesperación, pasaron al autoritarismo y, al final, a la derrota.
De personajes tan lamentables como ésos se deberían desprender lecciones para no seguir sus pasos pero, sobre todo, para no lastimar libertades y derechos en una guerra que, por su planteamiento, no conducirá a la seguridad anhelada y mucho menos supondrá una victoria.
* * *
Si en un primer momento la guerra contra el crimen le aportó puntos de legitimidad y popularidad al gobierno, hoy está claro que esa iniciativa comienza a convertirse en un boomerang. Poco a poco, el discurso oficial en torno a la guerra en la que se embarcó el gobierno adquiere tintes tan autoritarios como tramposos.
Desde el inicio de esa cruzada se advirtió la necesidad de contar con partes de guerra serios, pero se desoyó el reclamo. No se pedía renunciar a la propaganda que toda guerra supone, pero tampoco obliterar la información para saber del estado de ese combate.
No hubo esa información y sí, en cambio, una excesiva propaganda donde los spots oficiales entonaban la oda a la actuación gubernamental. Fuerte y persistente fue el bombardeo de spots vanagloriándose de lo que se hacía "para que la droga no llegue a tus hijos".
No hubo mesura ni equilibrio entre propaganda e información y, ahora, convertida en boomerang esa política, se reprocha a los medios de comunicación difundir una realidad ineludible. De manera grosera y tramposa se llega a decir que le sale más barato al narco llegar a las primeras planas que al gobierno. La insistencia en ese discurso terminará por sugerir la autocensura: aquello de lo que no se habla, no existe.
El nuevo eje del discurso oficial es peor: contiene un terrible ribete autoritario. A la crítica del combate se responde planteando una grotesca disyuntiva: hacer lo que se hace o no hacer nada. No hay ánimo de reconsiderar o debatir la falta de estrategia de esa guerra, el argumento es simple: se hace como yo digo o no se hace nada.
En el exceso de ese discurso, con la mano en la cintura se declaraba a todo muerto, un posible sicario o pandillero. Persona cuya vida no valía gran cosa y, aún hoy, frente a la evidencia de muertes inocentes: se litiga la causa del fallecimiento, en vez de pedir disculpas con toda humildad.
* * *
La base de ese discurso oficial es terrible: en el combate al crimen, todo mundo es sospechoso y por consecuencia más vale registrar a todos.
La falta de una estrategia seria que considerara, por un lado, capacidad, organización, inteligencia y fuerza policial-militar y, por el otro, capacidad, coordinación y organización en el gobierno para recuperar territorio sobre la base de llevar empleo, salud, educación y bienestar, convirtió la guerra en una cacería de noche.
Asimismo, el hecho de haber privilegiado el frente policial-militar sin ni siquiera considerar el frente político-interno ni el diplomático-externo llevó a un callejón de soledad al gobierno. La capacidad de fuego y de fuerza oficial en una guerra irregular como la emprendida convirtió a las fuerzas federales en una cuadrilla de apagafuegos, y la falta de un entendimiento previo con Estados Unidos, en cuanto al tráfico de armas y el consumo de la droga allá, aisló al gobierno mexicano -valga el absurdo- antes de estar solo.
La falta de ese diagnóstico llevó a pronunciar declaraciones absurdas: se pensó en extirpar un tumor pero, al abrir, el cáncer había hecho metástasis. ¿Qué cirujano procede ese modo? Y, entonces, se empezó a generar una legislación cuya malla arrastra por igual a ciudadanos que a criminales.
Si el problema son las extorsiones telefónicas, todos deben registrar su teléfono. Si el problema es la falta de confiabilidad en la base de datos personales, impóngase una nueva cédula de identidad. Si el problema es la ausencia de un registro de vehículos, póngase un chip a costa de los automovilistas. Si el problema son las casas de seguridad del crimen, que los propietarios se ocupen de fichar a quienes les arrienden a riesgo de perder el inmueble si no lo hacen. Si el problema es el robo de vehículos, que al comprador de un auto usado se le tenga por presunto cómplice si ese vehículo es robado. Si el problema es la integración debida de las averiguaciones previas, decrétese el arraigo. Si el problema es el tránsito de convoyes de comandos criminales, deténgase a todos los automovilistas en los retenes y dispárese a quien no lo haga.
Ese discurso construye no una cultura de la legalidad sino una teoría de la sospecha generalizada y, así, poco a poco, se vienen limitando libertades y endosando parte del combate a la ciudadanía. Legalizar abusos y arbitrariedades justifica pero no certifica un Estado de derecho.
* * *
Divulgar cuanto ocurre no supone estar del lado de los criminales. Exigir información no implica revelar secretos. Criticar la falta de estrategia no supone darle la espalda a las autoridades.
No se trata de "no hacer nada", sino de hacer algo mucho más inteligente. Algo que no implique sacrificar libertad por seguridad. Algo que, al costo en vidas que supone un combate, no convierta los errores en homicidios de Estado sellados por la impunidad, el cinismo y el olvido. Algo que no haga del combate un nuevo motivo de confrontación entre quienes deben estar aliados. Algo que conjure el autoritarismo y aleje, una vez más, la democracia y el Estado de derecho.
17 Abr. 10
Poco a poco se configura una tentación autoritaria en el gobierno.
Pronunciamientos y reclamos así como acciones y actitudes oficiales comienzan a integrar un cuadro en el que, de pronto, en aras de la seguridad se sacrifica libertad y, absurdamente, se victimiza o criminaliza a la ciudadanía que supuestamente se quiere reivindicar.
Plantear como disyuntiva seguridad o libertad siempre ha sido una empresa política de un altísimo costo para las sociedades.
Entre quienes recientemente echaron mano de ese recurso se cuentan el estadounidense George Bush y el español José Aznar, que se embarcaron en una guerra absurda sin tener claro su objetivo. El costo de esa aventura, que, por lo demás, aún no concluye y constituye un fracaso, lo siguen pagando las sociedades de sus respectivos países que vieron constreñidas libertades civiles y lastimada una cultura de respeto a los derechos humanos.
Ambos mandatarios cayeron en la tentación de construir de un golpe y a golpes un liderazgo que no podían edificar por otra vía. En un primer momento vieron crecer su popularidad pero, a la vuelta de los años, se desvaneció aquélla y, de la desesperación, pasaron al autoritarismo y, al final, a la derrota.
De personajes tan lamentables como ésos se deberían desprender lecciones para no seguir sus pasos pero, sobre todo, para no lastimar libertades y derechos en una guerra que, por su planteamiento, no conducirá a la seguridad anhelada y mucho menos supondrá una victoria.
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Si en un primer momento la guerra contra el crimen le aportó puntos de legitimidad y popularidad al gobierno, hoy está claro que esa iniciativa comienza a convertirse en un boomerang. Poco a poco, el discurso oficial en torno a la guerra en la que se embarcó el gobierno adquiere tintes tan autoritarios como tramposos.
Desde el inicio de esa cruzada se advirtió la necesidad de contar con partes de guerra serios, pero se desoyó el reclamo. No se pedía renunciar a la propaganda que toda guerra supone, pero tampoco obliterar la información para saber del estado de ese combate.
No hubo esa información y sí, en cambio, una excesiva propaganda donde los spots oficiales entonaban la oda a la actuación gubernamental. Fuerte y persistente fue el bombardeo de spots vanagloriándose de lo que se hacía "para que la droga no llegue a tus hijos".
No hubo mesura ni equilibrio entre propaganda e información y, ahora, convertida en boomerang esa política, se reprocha a los medios de comunicación difundir una realidad ineludible. De manera grosera y tramposa se llega a decir que le sale más barato al narco llegar a las primeras planas que al gobierno. La insistencia en ese discurso terminará por sugerir la autocensura: aquello de lo que no se habla, no existe.
El nuevo eje del discurso oficial es peor: contiene un terrible ribete autoritario. A la crítica del combate se responde planteando una grotesca disyuntiva: hacer lo que se hace o no hacer nada. No hay ánimo de reconsiderar o debatir la falta de estrategia de esa guerra, el argumento es simple: se hace como yo digo o no se hace nada.
En el exceso de ese discurso, con la mano en la cintura se declaraba a todo muerto, un posible sicario o pandillero. Persona cuya vida no valía gran cosa y, aún hoy, frente a la evidencia de muertes inocentes: se litiga la causa del fallecimiento, en vez de pedir disculpas con toda humildad.
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La base de ese discurso oficial es terrible: en el combate al crimen, todo mundo es sospechoso y por consecuencia más vale registrar a todos.
La falta de una estrategia seria que considerara, por un lado, capacidad, organización, inteligencia y fuerza policial-militar y, por el otro, capacidad, coordinación y organización en el gobierno para recuperar territorio sobre la base de llevar empleo, salud, educación y bienestar, convirtió la guerra en una cacería de noche.
Asimismo, el hecho de haber privilegiado el frente policial-militar sin ni siquiera considerar el frente político-interno ni el diplomático-externo llevó a un callejón de soledad al gobierno. La capacidad de fuego y de fuerza oficial en una guerra irregular como la emprendida convirtió a las fuerzas federales en una cuadrilla de apagafuegos, y la falta de un entendimiento previo con Estados Unidos, en cuanto al tráfico de armas y el consumo de la droga allá, aisló al gobierno mexicano -valga el absurdo- antes de estar solo.
La falta de ese diagnóstico llevó a pronunciar declaraciones absurdas: se pensó en extirpar un tumor pero, al abrir, el cáncer había hecho metástasis. ¿Qué cirujano procede ese modo? Y, entonces, se empezó a generar una legislación cuya malla arrastra por igual a ciudadanos que a criminales.
Si el problema son las extorsiones telefónicas, todos deben registrar su teléfono. Si el problema es la falta de confiabilidad en la base de datos personales, impóngase una nueva cédula de identidad. Si el problema es la ausencia de un registro de vehículos, póngase un chip a costa de los automovilistas. Si el problema son las casas de seguridad del crimen, que los propietarios se ocupen de fichar a quienes les arrienden a riesgo de perder el inmueble si no lo hacen. Si el problema es el robo de vehículos, que al comprador de un auto usado se le tenga por presunto cómplice si ese vehículo es robado. Si el problema es la integración debida de las averiguaciones previas, decrétese el arraigo. Si el problema es el tránsito de convoyes de comandos criminales, deténgase a todos los automovilistas en los retenes y dispárese a quien no lo haga.
Ese discurso construye no una cultura de la legalidad sino una teoría de la sospecha generalizada y, así, poco a poco, se vienen limitando libertades y endosando parte del combate a la ciudadanía. Legalizar abusos y arbitrariedades justifica pero no certifica un Estado de derecho.
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Divulgar cuanto ocurre no supone estar del lado de los criminales. Exigir información no implica revelar secretos. Criticar la falta de estrategia no supone darle la espalda a las autoridades.
No se trata de "no hacer nada", sino de hacer algo mucho más inteligente. Algo que no implique sacrificar libertad por seguridad. Algo que, al costo en vidas que supone un combate, no convierta los errores en homicidios de Estado sellados por la impunidad, el cinismo y el olvido. Algo que no haga del combate un nuevo motivo de confrontación entre quienes deben estar aliados. Algo que conjure el autoritarismo y aleje, una vez más, la democracia y el Estado de derecho.