JUSTICIA Y SEGURIDAD
JAIME SANCHEZ SUSARREY
REFORMA
Justicia y seguridad
Miles y miles de detenidos por el delito de delincuencia organizada salen libres porque los ministerios públicos integran mal las averiguaciones
La detención de Greg Sánchez, candidato del PRD a la gubernatura de Quintana Roo, suscita una serie de interrogantes. Hace un año, el 26 de mayo para ser exactos, la Procuraduría General de la República aprehendió a 27 funcionarios, alcaldes y policías de Michoacán acusándolos de protección o complicidad con La Familia. El operativo se fundó en los testimonios de tres testigos protegidos. A la fecha, sólo 10 permanecen en prisión. Los 17 restantes fueron liberados con un "usted disculpe".
Así que de dos cosas una: o la PGR es ineficaz e incompetente, porque fue incapaz de probar los delitos de los inculpados, o el método de los testigos protegidos ha sido mal copiado de Estados Unidos y peor implementado porque inculpa y procesa a inocentes. A la luz de este antecedente, la detención de Greg Sánchez se ha convertido en una prueba de fuego para la PGR, ya que la consignación del candidato del PRD se funda, al menos en parte, en testimonios que lo asocian con el crimen organizado.
Otro hecho que pone de manifiesto la crisis del sistema de impartición de justicia es el caso Paulette. Todo ahí es confuso y oscuro. La desaparición de la niña, la inculpación de la madre, la aparición del cadá- ver y la conclusión del procurador Bazbaz -murió accidentalmen te- son escenas de terror mágico. Si esta historia hubiese sido escrita como guión para una serie de televisión, habría fracasado por inverosímil. Sin embargo ésa es la versión oficial que llevó al procurador del estado de México a presentar su renuncia.
Si el "michoacanazo", la detención del candidato del PRD y el caso Paulette fuesen casos aislados en un mar de eficacia y transparencia, no habría de qué preocuparse. Todos los sistemas de justicia tienen fallas y, en algún momento, han procesado y sentenciado a inocentes. Baste recordar el caso del capitán Alfred Dreyfuss en Francia a finales del siglo XIX y principios del XX, que provocó el famoso artículo de Emile Zola, "J'acusse". El problema en México es que los casos citados son ejemplos del mal funcionamiento o, de plano, no funcionamiento del sistema de procuración de justicia.
Si hubiera que definir en una frase lo que pasa con la impartición de justicia en nuestro país habría que decir: mientras en las cárceles están los que no deben estar, los criminales más poderosos y peligrosos se pasean por toda la República. Ejemplificar lo segundo es muy sencillo. A tres años de la declaratoria de la guerra contra el narcotráfico, Ismael El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán continúan libres. El primero concedió una entrevista y apareció en la portada de Proceso y el segundo es considerado uno de los hombres más ricos de México por la revista Forbes, con un fortuna de mil millones de dólares.
Ejemplos, con nombres y apellidos, de personas de escasos recursos que han cometido delitos nimios y que están en la cárcel abundan. Las estadísticas son en esta materia indignantes y aberrantes. Mientras que en el Distrito Federal y el estado de México el 25 por ciento de los sentenciados por robo en 2002 fue por montos superiores a los 39 mil pesos, en 2005 ese porcentaje se redujo al 5 por ciento. Y en sentido inverso: mientras que en 2002 el 25 por ciento de las sentencias por robo fue por montos inferiores a 500 pesos, en 2005 se incrementaron al 45 por ciento.
Esto significa que en 2005 casi la mitad de las personas presas en el Distrito Federal y en el estado de México habían cometido un delito por menos de 500 pesos. Y mientras tanto, todo el mundo sabe que los miles y miles de detenidos por el delito de delincuencia organizada salen libres porque los Ministerios Públicos integran mal las averiguaciones -sea por incapacidad o por corrupción. Los liberados no son siempre, por supuesto, delincuentes de poca monta. Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, detenido el 23 de abril pasado había sido aprehendido tres veces y tres veces liberado a lo largo de 13 años.
El otro flagelo del sistema de justicia es la impunidad. La vieja sentencia de que "el que la hace la paga" no funciona en México. En realidad ocurre exactamente lo contrario. El crimen es una empresa muy rentable y muy segura. Según Guillermo Zepeda, Crimen sin castigo (CIDAC-FCE), sólo 10 por ciento de los delitos denunciados terminan con una acusación formal ante un juez. Pero en el 44 por ciento de esos casos la policía no ejecuta la orden de aprehensión y el juicio jamás inicia. De manera tal, que sólo 6 de cada 100 delitos son enjuiciados.
A lo que hay que agregar que un número muy importante de víctimas se abstiene de denunciar el delito porque no le tiene confianza al Ministerio Público. Esto hace que muchos estimen que el índice de eficacia en la persecución de los delitos sea, en realidad, inferior al uno por ciento. De ahí que se pueda reiterar que en México el crimen paga y paga muy bien.
No sobra recordar que en 2008 se aprobó la reforma del sistema judicial. Uno de los pasos positivos fue la introducción de los juicios orales que, de entonces a la fecha, se han implementado en varios estados de la República. Sin embargo, las tres plagas de la impartición de justicia en México persisten: ineficacia, corrupción e impunidad.
La responsabilidad de la situación actual recae en la clase política. El deterioro es cada vez mayor. El futuro aterra. Todo apunta a que las cosas empeorarán en lugar de mejorar. Sin embargo, la función básica y fundamental de todo Estado es preservar la paz, el orden público e impartir justicia. En México anhelamos seguridad con justicia, pero lo que en realidad tenemos es mucha inseguridad con nula justicia.
Miles y miles de detenidos por el delito de delincuencia organizada salen libres porque los ministerios públicos integran mal las averiguaciones
La detención de Greg Sánchez, candidato del PRD a la gubernatura de Quintana Roo, suscita una serie de interrogantes. Hace un año, el 26 de mayo para ser exactos, la Procuraduría General de la República aprehendió a 27 funcionarios, alcaldes y policías de Michoacán acusándolos de protección o complicidad con La Familia. El operativo se fundó en los testimonios de tres testigos protegidos. A la fecha, sólo 10 permanecen en prisión. Los 17 restantes fueron liberados con un "usted disculpe".
Así que de dos cosas una: o la PGR es ineficaz e incompetente, porque fue incapaz de probar los delitos de los inculpados, o el método de los testigos protegidos ha sido mal copiado de Estados Unidos y peor implementado porque inculpa y procesa a inocentes. A la luz de este antecedente, la detención de Greg Sánchez se ha convertido en una prueba de fuego para la PGR, ya que la consignación del candidato del PRD se funda, al menos en parte, en testimonios que lo asocian con el crimen organizado.
Otro hecho que pone de manifiesto la crisis del sistema de impartición de justicia es el caso Paulette. Todo ahí es confuso y oscuro. La desaparición de la niña, la inculpación de la madre, la aparición del cadá- ver y la conclusión del procurador Bazbaz -murió accidentalmen te- son escenas de terror mágico. Si esta historia hubiese sido escrita como guión para una serie de televisión, habría fracasado por inverosímil. Sin embargo ésa es la versión oficial que llevó al procurador del estado de México a presentar su renuncia.
Si el "michoacanazo", la detención del candidato del PRD y el caso Paulette fuesen casos aislados en un mar de eficacia y transparencia, no habría de qué preocuparse. Todos los sistemas de justicia tienen fallas y, en algún momento, han procesado y sentenciado a inocentes. Baste recordar el caso del capitán Alfred Dreyfuss en Francia a finales del siglo XIX y principios del XX, que provocó el famoso artículo de Emile Zola, "J'acusse". El problema en México es que los casos citados son ejemplos del mal funcionamiento o, de plano, no funcionamiento del sistema de procuración de justicia.
Si hubiera que definir en una frase lo que pasa con la impartición de justicia en nuestro país habría que decir: mientras en las cárceles están los que no deben estar, los criminales más poderosos y peligrosos se pasean por toda la República. Ejemplificar lo segundo es muy sencillo. A tres años de la declaratoria de la guerra contra el narcotráfico, Ismael El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán continúan libres. El primero concedió una entrevista y apareció en la portada de Proceso y el segundo es considerado uno de los hombres más ricos de México por la revista Forbes, con un fortuna de mil millones de dólares.
Ejemplos, con nombres y apellidos, de personas de escasos recursos que han cometido delitos nimios y que están en la cárcel abundan. Las estadísticas son en esta materia indignantes y aberrantes. Mientras que en el Distrito Federal y el estado de México el 25 por ciento de los sentenciados por robo en 2002 fue por montos superiores a los 39 mil pesos, en 2005 ese porcentaje se redujo al 5 por ciento. Y en sentido inverso: mientras que en 2002 el 25 por ciento de las sentencias por robo fue por montos inferiores a 500 pesos, en 2005 se incrementaron al 45 por ciento.
Esto significa que en 2005 casi la mitad de las personas presas en el Distrito Federal y en el estado de México habían cometido un delito por menos de 500 pesos. Y mientras tanto, todo el mundo sabe que los miles y miles de detenidos por el delito de delincuencia organizada salen libres porque los Ministerios Públicos integran mal las averiguaciones -sea por incapacidad o por corrupción. Los liberados no son siempre, por supuesto, delincuentes de poca monta. Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, detenido el 23 de abril pasado había sido aprehendido tres veces y tres veces liberado a lo largo de 13 años.
El otro flagelo del sistema de justicia es la impunidad. La vieja sentencia de que "el que la hace la paga" no funciona en México. En realidad ocurre exactamente lo contrario. El crimen es una empresa muy rentable y muy segura. Según Guillermo Zepeda, Crimen sin castigo (CIDAC-FCE), sólo 10 por ciento de los delitos denunciados terminan con una acusación formal ante un juez. Pero en el 44 por ciento de esos casos la policía no ejecuta la orden de aprehensión y el juicio jamás inicia. De manera tal, que sólo 6 de cada 100 delitos son enjuiciados.
A lo que hay que agregar que un número muy importante de víctimas se abstiene de denunciar el delito porque no le tiene confianza al Ministerio Público. Esto hace que muchos estimen que el índice de eficacia en la persecución de los delitos sea, en realidad, inferior al uno por ciento. De ahí que se pueda reiterar que en México el crimen paga y paga muy bien.
No sobra recordar que en 2008 se aprobó la reforma del sistema judicial. Uno de los pasos positivos fue la introducción de los juicios orales que, de entonces a la fecha, se han implementado en varios estados de la República. Sin embargo, las tres plagas de la impartición de justicia en México persisten: ineficacia, corrupción e impunidad.
La responsabilidad de la situación actual recae en la clase política. El deterioro es cada vez mayor. El futuro aterra. Todo apunta a que las cosas empeorarán en lugar de mejorar. Sin embargo, la función básica y fundamental de todo Estado es preservar la paz, el orden público e impartir justicia. En México anhelamos seguridad con justicia, pero lo que en realidad tenemos es mucha inseguridad con nula justicia.