GREGUERIAS
MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA
REFORMA
Greguerias
Greg puede demandar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que proteja sus derechos políticos ciudadanos y no se le elimine del padrón ni se suprima su registro en el instituto electoral
He titulado "greguerías" a esta columna porque su contenido se refiere principalmente a Greg, hoy por hoy el más notorio de los presos de San José del Rincón. También podría ser un homenaje a Ramón Gómez de la Serna, quien hace 100 años creó y bautizó como greguería a este género, especie particular de los aforismos, emparentados con los epigramas. Se trata de mini ensayos, compendiados en una línea, ingeniosos los de su creador. Si me atreviera a intentar siquiera asemejar mi estilo al del escritor español, tendría que escribir expresiones como "No hay control de calidad en la fábrica de culpables", "No puede dudarse de alguien apellidado Amores", o "Hay un género peor del político mentiroso, el que falta a su palabra".
Como eso es imposible, dejemos las greguerías en su relación con Sánchez Martínez, quien pasa este fin de semana en un penal federal de mediana seguridad, protagonista de un sonado caso en que la guerra contra la narcodelincuencia se combina con la guerra electoral. Como candidato del PRD, PT y Convergencia, su detención generó de inmediato obvias repercusiones en el panorama político de Quintana Roo, su estado adoptivo. Si se tratara sólo de un asunto penal, habría que dudar de la veracidad de los señalamientos del Ministerio Público, por su prolongada tradición de montajes que algunos jueces echan abajo. Pero como se trata de un político para detener, al cual se aguardó su registro para que a la hora en que sea inhabilitado no sea posible su reemplazo, la suspicacia crece.
Sánchez Martínez fue detenido en el aeropuerto de Cancún el martes 25 por la noche, al volver del Distrito Federal, acompañado de los líderes de los partidos nacionales que lo postulan. Los cuatro habían ofrecido esa mañana una conferencia de prensa donde denunciaron la inminencia de esa captura. No es que fueran augures, sino que contaban con la información adecuada, algo que después Jesús Ortega, el dirigente perredista, ha negado parcialmente, al dirigir sus embates contra el secretario de Gobernación. No sabían cuándo, pero sí que la captura ocurriría.
El vocero de la PGR, Ricardo Nájera, informó a la mañana siguiente que se le investigaba desde el 15 de enero "y desde ese momento, por cierto, se hizo del conocimiento del Partido de la Revolución Democrática de que había involucramien- to de esta persona en esos hechos". Tal aviso en efecto ocurrió por lo que Ortega, el líder perredista, que en medio de 15 campañas ha dedicado especial atención a la de Quintana Roo, pidió a Gómez Mont una cita para que su candidato a gobernador se entrevistara con el procurador Arturo Chávez Chávez para disipar algunas dudas. Un encuentro así es lícito pues todavía no se inicia la averiguación previa. Pero según Ortega, Gómez Mont, seguramente por su excesiva carga de trabajo -motivo como el que lo llevó a no satisfacer el pedido de César Nava de que hablara antes de la jornada electoral con la gobernadora de Yucatán para neutralizarla- demoró dos meses en obtener la cita, que Chávez Chávez incumplió. Por el tiempo transcurrido, Greg fue recibido por un agente del Ministerio Público, que le advirtió que ya tenía calidad de indiciado. Greg acudió el 3 de mayo, asistido por un abogado y, de creer al vocero Nájera, anunció que presentaría una declaración por escrito, lo que nunca realizó.
Poco después, la PGR solicitó a Roberto Hoyos, juez sexto de distrito del estado de México, con sede en Toluca (pues acaso su propósito era encarcelar a Greg en el penal de alta seguridad del Altiplano), una orden de aprehensión contra Greg. Pero el juzgador rehusó obsequiarla, porque halló insuficientes los argumentos ministeriales. En vez de subsanarlos, la PGR buscó un juez menos exigente y lo encontró en su viejo conocido Carlos Alberto Elorza Amores. Justamente un año antes de la detención de Greg, ese juzgador había ordenado aprehender a 27 alcaldes y funcionarios municipales y estatales de Michoacán. La reputación de Elorza Amores ante la PGR no disminuyó porque casi todos los detenidos de entonces hayan recuperado su libertad mediante amparos que pusieron en relieve la torpeza de los mandamientos firmados por ese juez. Lo que se perseguía es que desde la cárcel estuvieran al margen del proceso para elegir diputados federales.
En este caso no se trata sólo de apar- tar a Greg de las elecciones locales, sino, al cancelarse su candidatura, dejar a la coalición del PRD, PT y Convergencia sin aspirante. Por eso importa encerrarlo aun con una mala acusación que se diluya en un proceso. El único elemento sólido con que parece contar la PGR es un reporte de la Unidad de Investigaciones Financieras de la Secretaría de Hacienda -abúlica habitualmente, alerta en este caso-, que encontró una diferencia de medio millón de dólares entre su declaración fiscal y sus depósitos bancarios. Así vistas las cosas, parece más viable que se tratara de evasión fiscal, pero la diferencia por sí misma no sugiere que la diferencia sea dinero de origen ilícito, con el que habría hecho operaciones que constituyen lavado de dinero, uno de los delitos de que se le acusa. Los otros dos son delitos contra la salud (sus nexos con el nar- cotráfico, el que practican los Beltrán Leyva y Los Zetas) y delincuencia organizada.
Para probar sus vínculos con delin- cuentes la PGR obrará con la pericia de un mago perezoso, al que se le caen los naipes, o la paloma se le asfixia en el sombrero de copa. Según puntualizó ayer Reforma, la PGR tiene un elenco de testigos protegidos que sirven lo mismo para un barrido que para un fregado. Al utilizarlos en extremo, la PGR no advierte el riesgo de que nadie -salvo los jueces de confianza- crea en sus dichos, pues parecen ejercer el papel que en la escritura desempeña el narrador omniscien- te, el que lo sabe todo, aun los sentimientos de los personajes. Esta tropilla de superdotados testigos lo han visto y denunciado todo, desde las andanzas de Mario Villanueva en 1998 hasta las de El Indio, detenido 11 años después (Reforma, 29 de mayo). ¡Qué bendición han sido estos testigos protegidos para la PGR! ¡Qué harían sin ellos autoridades ministeriales y judiciales!
Desde Canadá, indebida, inoportunamente, el presidente Calderón se involucró en el caso al opinar lo contrario de lo que en efecto ocurre, que no tiene implicaciones políticas. Formalmente, el presidente de la República no tiene acceso a los expedientes ministeriales y, sin embargo, Calderón mostró contar con más información que la del resto de los mexicanos. Al dar por buena la acusación, el Presidente corre un doble riesgo: si el auto de formal prisión es dictado como es previsible, se alegará que el juez Elorza Amores no fue insensible a la opinión presidencial. Y si, al contrario, ahora mismo ese juzgador, en un arrebato de honestidad, dejara en libertad a Greg, Calderón tendrá que fingir que lo satisface que brille la luz de la justicia.
Mientras se define la situación legal del candidato a gobernador, su esposa Niurka Sáliva encabeza la ininterrumpida campaña. No puede sustituir a su esposo porque no es de nacionalidad mexicana ni satisface el requisito de residencia (que también se quiso modificar en perjuicio de Greg). Cuando quede formalmente preso, quedará inhabilitado como candidato, pues el artículo 38 constitucional conserva un torcido principio por el cual se afectan derechos de los procesados antes de que se pronuncie una sentencia. Greg puede demandar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que proteja sus derechos políticos ciudadanos y no se le elimine del padrón ni se suprima su registro en el instituto electoral. Podrá alegar además que su caso es semejante al de Martín Orozco, el candidato panista en Aguascalientes, quien contiende no obstante de que pesa sobre él un auto de formal prisión. Para mantenerle ese derecho, el Tribunal consideró que la Convención Americana de Derechos Humanos es superior al texto constitucional y que se debe esperar una sentencia, que no basta el comienzo del proceso.
Los beneficiarios de estas maniobras son Roberto Borge, candidato priista, y el gobernador saliente, Félix González Canto. ¿Estará obrando Gómez Mont, como jefe del procurador, a favor de ellos y del PRI? Eso parece. Tendremos que averiguar la causa y el propósito de una maniobra de esa magnitud, que altera el ya complicado panorama de esta hora.
Greg puede demandar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que proteja sus derechos políticos ciudadanos y no se le elimine del padrón ni se suprima su registro en el instituto electoral
He titulado "greguerías" a esta columna porque su contenido se refiere principalmente a Greg, hoy por hoy el más notorio de los presos de San José del Rincón. También podría ser un homenaje a Ramón Gómez de la Serna, quien hace 100 años creó y bautizó como greguería a este género, especie particular de los aforismos, emparentados con los epigramas. Se trata de mini ensayos, compendiados en una línea, ingeniosos los de su creador. Si me atreviera a intentar siquiera asemejar mi estilo al del escritor español, tendría que escribir expresiones como "No hay control de calidad en la fábrica de culpables", "No puede dudarse de alguien apellidado Amores", o "Hay un género peor del político mentiroso, el que falta a su palabra".
Como eso es imposible, dejemos las greguerías en su relación con Sánchez Martínez, quien pasa este fin de semana en un penal federal de mediana seguridad, protagonista de un sonado caso en que la guerra contra la narcodelincuencia se combina con la guerra electoral. Como candidato del PRD, PT y Convergencia, su detención generó de inmediato obvias repercusiones en el panorama político de Quintana Roo, su estado adoptivo. Si se tratara sólo de un asunto penal, habría que dudar de la veracidad de los señalamientos del Ministerio Público, por su prolongada tradición de montajes que algunos jueces echan abajo. Pero como se trata de un político para detener, al cual se aguardó su registro para que a la hora en que sea inhabilitado no sea posible su reemplazo, la suspicacia crece.
Sánchez Martínez fue detenido en el aeropuerto de Cancún el martes 25 por la noche, al volver del Distrito Federal, acompañado de los líderes de los partidos nacionales que lo postulan. Los cuatro habían ofrecido esa mañana una conferencia de prensa donde denunciaron la inminencia de esa captura. No es que fueran augures, sino que contaban con la información adecuada, algo que después Jesús Ortega, el dirigente perredista, ha negado parcialmente, al dirigir sus embates contra el secretario de Gobernación. No sabían cuándo, pero sí que la captura ocurriría.
El vocero de la PGR, Ricardo Nájera, informó a la mañana siguiente que se le investigaba desde el 15 de enero "y desde ese momento, por cierto, se hizo del conocimiento del Partido de la Revolución Democrática de que había involucramien- to de esta persona en esos hechos". Tal aviso en efecto ocurrió por lo que Ortega, el líder perredista, que en medio de 15 campañas ha dedicado especial atención a la de Quintana Roo, pidió a Gómez Mont una cita para que su candidato a gobernador se entrevistara con el procurador Arturo Chávez Chávez para disipar algunas dudas. Un encuentro así es lícito pues todavía no se inicia la averiguación previa. Pero según Ortega, Gómez Mont, seguramente por su excesiva carga de trabajo -motivo como el que lo llevó a no satisfacer el pedido de César Nava de que hablara antes de la jornada electoral con la gobernadora de Yucatán para neutralizarla- demoró dos meses en obtener la cita, que Chávez Chávez incumplió. Por el tiempo transcurrido, Greg fue recibido por un agente del Ministerio Público, que le advirtió que ya tenía calidad de indiciado. Greg acudió el 3 de mayo, asistido por un abogado y, de creer al vocero Nájera, anunció que presentaría una declaración por escrito, lo que nunca realizó.
Poco después, la PGR solicitó a Roberto Hoyos, juez sexto de distrito del estado de México, con sede en Toluca (pues acaso su propósito era encarcelar a Greg en el penal de alta seguridad del Altiplano), una orden de aprehensión contra Greg. Pero el juzgador rehusó obsequiarla, porque halló insuficientes los argumentos ministeriales. En vez de subsanarlos, la PGR buscó un juez menos exigente y lo encontró en su viejo conocido Carlos Alberto Elorza Amores. Justamente un año antes de la detención de Greg, ese juzgador había ordenado aprehender a 27 alcaldes y funcionarios municipales y estatales de Michoacán. La reputación de Elorza Amores ante la PGR no disminuyó porque casi todos los detenidos de entonces hayan recuperado su libertad mediante amparos que pusieron en relieve la torpeza de los mandamientos firmados por ese juez. Lo que se perseguía es que desde la cárcel estuvieran al margen del proceso para elegir diputados federales.
En este caso no se trata sólo de apar- tar a Greg de las elecciones locales, sino, al cancelarse su candidatura, dejar a la coalición del PRD, PT y Convergencia sin aspirante. Por eso importa encerrarlo aun con una mala acusación que se diluya en un proceso. El único elemento sólido con que parece contar la PGR es un reporte de la Unidad de Investigaciones Financieras de la Secretaría de Hacienda -abúlica habitualmente, alerta en este caso-, que encontró una diferencia de medio millón de dólares entre su declaración fiscal y sus depósitos bancarios. Así vistas las cosas, parece más viable que se tratara de evasión fiscal, pero la diferencia por sí misma no sugiere que la diferencia sea dinero de origen ilícito, con el que habría hecho operaciones que constituyen lavado de dinero, uno de los delitos de que se le acusa. Los otros dos son delitos contra la salud (sus nexos con el nar- cotráfico, el que practican los Beltrán Leyva y Los Zetas) y delincuencia organizada.
Para probar sus vínculos con delin- cuentes la PGR obrará con la pericia de un mago perezoso, al que se le caen los naipes, o la paloma se le asfixia en el sombrero de copa. Según puntualizó ayer Reforma, la PGR tiene un elenco de testigos protegidos que sirven lo mismo para un barrido que para un fregado. Al utilizarlos en extremo, la PGR no advierte el riesgo de que nadie -salvo los jueces de confianza- crea en sus dichos, pues parecen ejercer el papel que en la escritura desempeña el narrador omniscien- te, el que lo sabe todo, aun los sentimientos de los personajes. Esta tropilla de superdotados testigos lo han visto y denunciado todo, desde las andanzas de Mario Villanueva en 1998 hasta las de El Indio, detenido 11 años después (Reforma, 29 de mayo). ¡Qué bendición han sido estos testigos protegidos para la PGR! ¡Qué harían sin ellos autoridades ministeriales y judiciales!
Desde Canadá, indebida, inoportunamente, el presidente Calderón se involucró en el caso al opinar lo contrario de lo que en efecto ocurre, que no tiene implicaciones políticas. Formalmente, el presidente de la República no tiene acceso a los expedientes ministeriales y, sin embargo, Calderón mostró contar con más información que la del resto de los mexicanos. Al dar por buena la acusación, el Presidente corre un doble riesgo: si el auto de formal prisión es dictado como es previsible, se alegará que el juez Elorza Amores no fue insensible a la opinión presidencial. Y si, al contrario, ahora mismo ese juzgador, en un arrebato de honestidad, dejara en libertad a Greg, Calderón tendrá que fingir que lo satisface que brille la luz de la justicia.
Mientras se define la situación legal del candidato a gobernador, su esposa Niurka Sáliva encabeza la ininterrumpida campaña. No puede sustituir a su esposo porque no es de nacionalidad mexicana ni satisface el requisito de residencia (que también se quiso modificar en perjuicio de Greg). Cuando quede formalmente preso, quedará inhabilitado como candidato, pues el artículo 38 constitucional conserva un torcido principio por el cual se afectan derechos de los procesados antes de que se pronuncie una sentencia. Greg puede demandar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que proteja sus derechos políticos ciudadanos y no se le elimine del padrón ni se suprima su registro en el instituto electoral. Podrá alegar además que su caso es semejante al de Martín Orozco, el candidato panista en Aguascalientes, quien contiende no obstante de que pesa sobre él un auto de formal prisión. Para mantenerle ese derecho, el Tribunal consideró que la Convención Americana de Derechos Humanos es superior al texto constitucional y que se debe esperar una sentencia, que no basta el comienzo del proceso.
Los beneficiarios de estas maniobras son Roberto Borge, candidato priista, y el gobernador saliente, Félix González Canto. ¿Estará obrando Gómez Mont, como jefe del procurador, a favor de ellos y del PRI? Eso parece. Tendremos que averiguar la causa y el propósito de una maniobra de esa magnitud, que altera el ya complicado panorama de esta hora.