Si los datos que nos llegan y que procesamos son reales y si el ejercicio del poder público se determina todavía por los factores que hemos recogido de la experiencia mexicana, antes de que termine este 2010 de los centenarios en Nuevo León se tendrá un nuevo gobernador o, si se quiere decir de otra manera, Rodrigo Medina está paleta y sólo es cuestión de que se decida la manera de sacarlo con las menores turbulencias para el estado y para las instituciones.

Rodrigo Medina se convertirá, sí, en el primer gobernador que tumban “Los Zetas” (aunque ya eliminaron antes a un candidato, virtual ganador de las elecciones en Tamaulipas). Pero, ojo, el derrumbe de Rodrigo obliga a plantear la crisis de representación que entraña la hegemonía de los PODERES FÁCTICOS y la escasa legitimidad que confiere el MARKETING POLÍTICO a los candidatos que hacen campaña y que logran sus triunfos con base en él. Para utilizar un caso paradigmático, recuérdese la manera estrepitosa, casi instantánea, como se hizo añicos la proyección política y la posible candidatura de Arturo Montiel, cuando los dueños del rating decidieron bajarlo del caballo.

Si se reconoce y acepta que Rodrigo Medina fue puesto en el cargo por el Grupo Monterrey, su caída debe verse como resultado del enfrentamiento de dos poderes fácticos: los cárteles del narco y el Grupo Monterrey. La caída de Rodrigo Medina la propiciaron, sí, “Los Zetas”, pero la decisión de su relevo vendrá del Grupo Monterrey, ante la incapacidad demostrada por el inexperto gobernante para hacer de “muro de contención” ante los intereses y la actuación del narco.

Como suele suceder, la encuestología y el estudio de la política con la perspectiva del mercado pueden resultar muy efectivas para las etapas de “normalidad”, pero se ha comprobado su insuficiencia para evaluar los focos de conflicto (¿te acuerdas de Andrés Manuel y el desafuero?) o para prevenir los estallidos de crisis. Rodrigo Medina fue escogido para “administrar la tranquilidad” que había podido mantener el empresariado regiomontano desde la remoción del gobernador salinista Sócrates Rizzo, obligada por ellos. Lo que no consideraron estos capitanes de empresa es que el Gobierno de Natividad González, a fin de “comprar tranquilidad”, había pactado con distintos cárteles un acuerdo que resultó efectivo mientras el negocio de la droga vivió su fase expansiva. Con el cierre de la frontera vinieron las disputas de rutas y la guerra por el mercado nacional, por los mercados locales, para mejor decir.

En el caso de Nuevo León, los intereses y las bases operativas de los cárteles se encontraron un vasto terreno, cultivado por años, para crecer y consolidarse: por un lado, las pandillas, que proliferaron sin mayor control en las colonias marginadas de Monterrey y en los municipios conturbados; y, por otra, los cientos, miles de personas que al paso de los años habían sido integrantes de “empresas de seguridad” o grupos de protección privados, pequeños “comandos” integrados, entrenados y armados por empresas y familias de la élite regiomontana. El desempleo o la seducción del dinero y de las armas fueron los eslabones que ligaron a estos grupos con las células operativas que los distintos cárteles pudieron sembrar en Nuevo León valiéndose del “acuerdo de protección” establecido con las autoridades.

Sin proponérselo, quizá, adaptándose a las condiciones locales, los cárteles de la droga lograron construir en Nuevo León una red de “redes delincuentes”, una organización sumamente económica, elástica, difícil de detectar y más aún de neutralizar. Esta red les permite a los narcos dispersar su acción o concentrar, en un momento dado, una enorme capacidad de fuego, mediante unidades con mando propio y vías independientes de abasto, movilización y encubrimiento.

Desde mi particular opinión y vistas las cosas “de lejitos” es esto lo que ocurre en Nuevo León, un espejo en que debiéramos mirarnos los mexicanos de todos los rumbos pero, de manera muy particular y preocupada, los vecinos de las zonas metropolitanas (véase Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán, Acapulco) sujetas desde hace años a la depauperización y al desempleo, atravesadas también por los intereses y los excesos de los PODERES FÁCTICOS.