Articulo

REFORMA

MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

Presupuesto, por su puesto

Videgaray Caso ha cumplido su papel que, más que encabezar la Comisión de Presupuesto y Cuenta Púbica, ha consistido en asegurar desde allí que el gobierno de Enrique Peña Nieto obtenga los elevados montos que requiere

A la hora en que los lectores tengan estas líneas ante sus ojos el Presupuesto de Egresos de la Federación todavía no ha sido aprobado. Se han producido de nuevo las demoras usuales en estos casos. Estaba citado el pleno para ayer sábado a las seis de la tarde, lo que anunciaba, como en otras ocasiones ha ocurrido, una larga jornada nocturna. Pero hacia las 14:00 horas de ayer se aplazó la cita para este mediodía, domingo a las 13:00, por lo que es previsible que las discusiones se extiendan hasta mañana lunes, fecha límite para la aprobación del plan de gastos de la Federación.

Simultáneamente con ese lance parlamentario, podría estar resolviéndose la sucesión en el estado de México y, en cierto sentido, la presidencial también, al menos desde la perspectiva del Partido Revolucionario Institucional. Es que la estrella de las negociaciones, y se presume que del debate sobre el presupuesto, es Luis Videgaray Caso, que podría estar ganando este domingo los galones que lo lleven al palacio de gobierno de Toluca.

Videgaray Caso ha cumplido con puntualidad su papel que, más que encabezar la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ha consistido en asegurar desde allí que el gobierno de Enrique Peña Nieto obtenga los elevados montos que requiere para terminar su sexenio con un oneroso tren de gasto, parte del cual se destine a la propaganda y la movilización que haga posible la retención del gobierno mexiquense por parte del PRI, posibilidad no tan remota como pareció al avizorarse una alianza general opositora. Frustrada esa posibilidad, pues habrá una coalición de izquierda y acaso una de centro-derecha que tenga como eje al PAN, si es que el PRD elige aliarse a Acción Nacional y no al PT y Convergencia, con quienes lo vincula una ya no tan breve trayectoria común.

Ya de antemano, pero con mayor razón a partir de que concluya esta jornada parlamentaria (que puede ser la última en que participe, antes de pedir licencia para contender por la gubernatura), Videgaray aparecía en posición privilegiada en el cálculo de Peña Nieto para su propio relevo. Es verdad que hay otros actores en la escena, especialmente el alcalde de Huixquilucan, Alfredo del Mazo, y el de Ecatepec, Eruviel Ávila, y aun el líder de los diputados locales Ernesto Nemer. Pero ninguno de ellos es tan "propio" del gobernador como el diputado hoy triunfante. Los otros tienen un origen y una trayectoria que los hace valer al margen de la voluntad de Peña Nieto. En cambio Videgaray es un protagonista de la política mexiquense de la estricta autoría de Peña Nieto, como éste lo fue de su tío Arturo Montiel.

Del Mazo lleva en el nombre la fama. Sería el tercer gobernador del mismo nombre, y esa prosapia le da una cierta independencia frente a su pariente el actual gobernador. Ávila es producto del aparato político local, y en él basa su aspiración, como fundó en él, sobre todo la segunda vez, sus victorias para gobernar el municipio más poblado del país. Nemer estaría más cercano a Emilio Chuayffet que a Peña Nieto.

Videgaray, en cambio, no tiene otro asidero que el propio gobernador, al que llegó desde la tecnocracia financiera federal. Egresado del ITAM y del MIT (los institutos tecnológicos de México y de Massachusetts), fue parte, casi siempre como asesor, de la administración hacendaria principal, incluido un puesto que en su denominación revela las complicaciones de una burocracia dorada: asesor externo de la dirección adjunta de ingeniería financiera de Banobras.

Luego pasó al sector privado junto a Pedro Aspe, que debe haberlo conducido antes a los dos establecimientos escolares en que también se formó. Entre las varias empresas que ha manejado desde que al concluir su periodo como secretario de Hacienda en 1994 se dedicó a los negocios privados, Aspe creó un despacho de consultoría financiera, Protego, en que Videgaray Caso tuvo un papel relevante, pues fue director de finanzas estatales y municipales, quizá el principal renglón en la panoplia de servicios de Protego. Su tarea consistió en renegociar la deuda de gobiernos como el de Sonora, Oaxaca, Durango y México.

En esa coyuntura entró en comunicación con Peña Nieto, que lo nombró secretario de Finanzas, la única responsabilidad que ha tenido en el gobierno mexiquense, que ahora está en posibilidad de encabezar. De allí saltó el año pasado a una diputación plurinominal, y a la presiden- cia de la poderosa Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Hace un año cumplió con creces los fines para los que fue enviado a San Lázaro y a esa comisión. Hoy ha repetido la faena.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por el Ejecutivo había previsto disminuir en 50 por ciento el monto destinado a la construcción de carreteras en el estado de México, que en el presente año fiscal es de 2 mil 700 millones de pesos, pero Videgaray consiguió neutralizar esa medida y aun obtener un mínimo incremento respecto del presupuesto en curso. Al gobierno mexiquense le fueron reasignados mil 600 millones de pesos, con lo que la suma total, quizá a esta hora ya aprobada, es de 2 mil 800 millones de pesos.

La reasignación de casi 20 mil millones de pesos en total para el rubro carretero fue tal vez el punto nodal de la negociación entre los grupos parlamentarios. Es tal su importancia, que desacuerdos entre los negociadores retrasaron el dictamen que el pleno debería discutir. Se había previsto concluir el debate en la sesión del jueves 11, pero tuvo que trasladarse a 48 horas después precisamente por esa reasignación, que es el modo en que los grupos parlamentarios atienden los intereses de sus representados, que no son necesariamente los ciudadanos sino instituciones y grupos de poder, dotados de voz y capacidad de presión suficiente para hacerse oír.

Los gobernadores de todos los partidos, especialmente los priistas que son mayoría en una Cámara donde su partido tiene igualmente esa condición mayoritaria, son interlocutores privilegiados de los legisladores. Obtener recursos crecientes, especialmente para obras públicas, y entre ellas sobre todo carreteras, forma parte del arte de gobernador y de mantener el gobierno para beneficio de un partido.

La función presupuestal fue durante décadas, en el sistema presidencialista que padeció nuestra sociedad, facultad exclusiva del Ejecutivo, aunque constara en la Constitución, como siempre ha ocurrido, que el proyecto presidencial respectivo debe ser aprobado por la Cámara. Antaño se procedía automáticamente, sin discusión o con debate superficial cuando a partir de los años sesenta creció la presencia opositora en el Legislativo. En la nueva distribución del poder parlamentario, y luego de una etapa de considerable y reprochable desorden en que se conseguía la aprobación de partidas específicas según el interés y hasta el capricho de los legisladores más activos e influyentes, ahora se ha institucionalizado el chalaneo en pos de las reasignaciones, que es el modo en que los diputados modifican el proyecto presidencial.

Esta posibilidad de reasignar recursos dio lugar a un fenómeno particular que debe ser estudiado a fondo. El secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, según el testimonio de Pedro Vázquez, líder de la bancada petista, negoció con diputados priistas una reasignación de 13 mil millones de pesos para completar los 50 mil millones que se habían destinado a esa fuerza militar en el proyecto presidencial. Sorpresivamente, cuando la operación estaba acordada en comisiones, la Sedena anunció que no requeriría ese incremento. Parecería que el Presidente, del que depende el secretario y sin cuya autorización no pudo haberse negociado el aumento, cambió de opinión y por eso forzó a su colaborador a recular. Suponer que el general Galván procedió sin conocimiento de su comandante supremo y que éste corrigió su desmesura sería suponer que hay un grave conflicto en el interior de las Fuerzas Armadas.

Sea de ello lo que fuere, en buena hora que no se asigne esa partida extra al Ejército. Su propósito era crear 18 batallones especiales para combatir el narcotráfico. Hacerlo supone no sólo mantener, sino reforzar grandemente la presencia militar en tareas de seguridad pública, que hasta ahora ha sido anunciada como temporal. Es impensable que batallones recién creados fueran después disueltos cuando las tropas retornen a sus cuarteles.

Obispos

El presidente Calderón acudió el lunes a la apertura de la nonagésima asamblea del Episcopado Mexicano. Fue recibido como católico y como titular del Ejecutivo. El presidente de la Conferencia episcopal, Carlos Aguiar, fue explícito al decir: "La Iglesia de la que usted forma parte es una institución aliada con el gobierno".

La jerarquía católica ha mantenido esa alianza con el poder público en México desde que se hallaba regido por un sistema autoritario de partido dominante casi único y una autoridad presidencial omnímoda. De esa relación ha obtenido ventajas crecientes, que sin embargo no le parecen suficientes. El mismo Aguiar acompañó su bienvenida con la insistencia de contar con libertad religiosa, como si no la hubiera en México, y como si no la ejerciera a plenitud el catolicismo institucional.

La Iglesia se enfrenta permanentemente al dilema que, para hablar en términos del bicentenario de la revolución de Independencia, encarnaron el obispo Abad y Queipo y su alumno el cura Miguel Hidalgo. La Iglesia es parte del poder o está con el pueblo. No hay duda de cuál ha sido la opción del Episcopado Mexicano desde los arreglos de 1929, cuando el catolicismo popular alzado en armas fue abandonado a su suerte, después de que se le había instigado a la rebelión.

La paladina declaración del arzobispo de Tlalnepantla respecto de la alianza con el gobierno del feligrés Calderón no hace más que transparentar y actualizar esa relación histórica. Además del vínculo político institucional, la trama de ese nexo se manifiesta en actitudes en común sobre temas delicados. Coincidiendo con la apelación presidencial a las Fuerzas Armadas, para que sean su sostén político y su ariete en la lucha contra la inseguridad pública, ante la deficiencia de las corporaciones policiales, la Iglesia desarrolla su pastoral castrense, es decir la asistencia espiritual y el lazo político con esas mismas Fuerzas Armadas. El responsable de esa pastoral es nada menos que el secretario general de la Conferencia Episcopal, lo que muestra que no se trata de una acción marginal. En los años recientes diferentes diócesis han construido en nueve ciudades sendas capillas militares, réplica en pequeño del colosal templo que con ese mismo propósito se alza en Lomas de Sotelo -en la confluencia del Anillo Periférico y Legaria-, justo enfrente de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Hospital Militar.

En la inauguración de la asamblea episcopal se percibió la ausencia de dos de los cardenales mexicanos, los arzobispos de las principales circunscripciones, Juan Sandoval y Norberto Rivera. Según explicación pública, éste se hallaba el lunes indispuesto de salud y por eso no se presentó a la reunión con sus colegas. No encontré que se justificara la falta del arzobispo de Guadalajara, por lo que cabe conjeturar que no quiso exponerse, ante la presencia de los medios con motivo de la visita presidencial al encuentro, a preguntas sobre temas polémicos y aun litigiosos, que desdicen del propósito principal de la asamblea.

Hubo otra ausencia, menos notoria aun en el seno del Episcopado. El obispo de Saltillo, don Raúl Vera, estaba en Noruega, donde la víspera recibió el Premio Rafto, una importantísima distinción internacional por su activismo en pro de los derechos humanos, los que son con tanta frecuencia violentados en México. La señora Siri Gloppen, presidenta de la Fundación Rafto, explicó en la ceremonia respectiva -el domingo pasado, en el teatro principal de Bergen- que el antiguo adjunto de la diócesis de San Cristóbal de las Casas recibe esa distinción por ser una "fuerte referencia moral, de integridad constante" que defiende "lo que considera correcto sin hacer caso al riesgo personal que corran". Dijo asimismo que personas como don Raúl "son importantes para cualquier sociedad y en cualquier tiempo. Las necesitamos para que sean nuestra conciencia social y política, para mostrarnos las injusticias que nuestras instituciones crean y mantienen. Esto es especialmente importante -y peligroso- en la dramática situación política de México".

(El premio se otorga desde 1987 en memoria de Thorolf Rafto, un economista e historiador muerto el año anterior y que dedicó sus afanes humanitarios a la defensa de disidentes en los países de Europa Oriental. Sin que por supuesto haya en ello una relación causal, es notorio que cuatro de los recipiendarios de esta distinción hayan recibido posteriormente el Premio Nobel de la Paz: Aung San Suu Kyi, de Myamar -la antigua Birmania; José Ramos-Horta, del Timor Oriental; Kim Dae-Jung, de Corea del Sur; y Shirin Ebadi, la valiente mujer que demanda libertades de género en el Irán fundamentalista).

El obispo de Saltillo terminó su discurso de recepción del premio diciendo que la Fundación Rafto pudo equivocarse en escogerlo, "pero no se equivocó en elegir a México para hacer denunciar ante la comunidad internacional la terrible situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de parte del gobierno contra hombres y mujeres de nuestro país".

Como la conferencia episcopal reúne a obispos de muy diversos talantes, también acoge en estos días al de Ecatepec, Onésimo Cepeda, cuya situación jurídica en torno a un escandaloso asunto ha quedado de nuevo en riesgo. Podría ser encarcelado. No en defensa de su fe o los derechos de otros. Se le inmiscuye en el oscuro manejo de 130 millones de dólares. Si los prestó o simuló prestarlos para en cualquier caso cobrarlos, es demasiado dinero para un obispo.

Cajón de Sastre

La XC asamblea plenaria de la Conferencia episcopal diagnostica en un comunicado sobre su reunión que "la sociedad se ha debilitado en el campo político, la convivencia cotidiana y la dimensión ética, generando una progresiva crisis cultural y social, cuyas manifestaciones son la violencia, la corrupción, la dificultad para la procuración y administración de la justicia, y la lentitud para llevar a cabo reformas válidas y de fondo. La Iglesia Católica es un instrumento muy valioso para promover los valores morales necesarios para el mejoramiento tanto de las personas como de las instituciones de nuestro país". Y tras emitir esas palabras, los obispos expresaron su solidaridad con los valores representados por ¿Raúl Vera? No: los de Onésimo Cepeda, un prelado millonario en una diócesis con enclaves de pobreza extrema.

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		PRESUPUESTO, POR SUPUESTO
		MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA REFORMA




	REFORMA MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA Presupuesto, por su puesto Videgaray Caso ha cumplido su papel que, más que encabezar la Comisión de Presupuesto y Cuenta Púbica, ha consistido en asegurar desde allí que el gobierno de Enrique Peña Nieto obtenga los elevados montos que requiere A la hora en que los lectores tengan estas líneas ante sus ojos el Presupuesto de Egresos de la Federación todavía no ha sido aprobado. Se han producido de nuevo las demoras usuales en estos casos. Estaba citado el pleno para ayer sábado a las seis de la tarde, lo que anunciaba, como en otras ocasiones ha ocurrido, una larga jornada nocturna. Pero hacia las 14:00 horas de ayer se aplazó la cita para este mediodía, domingo a las 13:00, por lo que es previsible que las discusiones se extiendan hasta mañana lunes, fecha límite para la aprobación del plan de gastos de la Federación. Simultáneamente con ese lance parlamentario, podría estar resolviéndose la sucesión en el estado de México y, en cierto sentido, la presidencial también, al menos desde la perspectiva del Partido Revolucionario Institucional. Es que la estrella de las negociaciones, y se presume que del debate sobre el presupuesto, es Luis Videgaray Caso, que podría estar ganando este domingo los galones que lo lleven al palacio de gobierno de Toluca. Videgaray Caso ha cumplido con puntualidad su papel que, más que encabezar la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ha consistido en asegurar desde allí que el gobierno de Enrique Peña Nieto obtenga los elevados montos que requiere para terminar su sexenio con un oneroso tren de gasto, parte del cual se destine a la propaganda y la movilización que haga posible la retención del gobierno mexiquense por parte del PRI, posibilidad no tan remota como pareció al avizorarse una alianza general opositora. Frustrada esa posibilidad, pues habrá una coalición de izquierda y acaso una de centro-derecha que tenga como eje al PAN, si es que el PRD elige aliarse a Acción Nacional y no al PT y Convergencia, con quienes lo vincula una ya no tan breve trayectoria común. Ya de antemano, pero con mayor razón a partir de que concluya esta jornada parlamentaria (que puede ser la última en que participe, antes de pedir licencia para contender por la gubernatura), Videgaray aparecía en posición privilegiada en el cálculo de Peña Nieto para su propio relevo. Es verdad que hay otros actores en la escena, especialmente el alcalde de Huixquilucan, Alfredo del Mazo, y el de Ecatepec, Eruviel Ávila, y aun el líder de los diputados locales Ernesto Nemer. Pero ninguno de ellos es tan "propio" del gobernador como el diputado hoy triunfante. Los otros tienen un origen y una trayectoria que los hace valer al margen de la voluntad de Peña Nieto. En cambio Videgaray es un protagonista de la política mexiquense de la estricta autoría de Peña Nieto, como éste lo fue de su tío Arturo Montiel. Del Mazo lleva en el nombre la fama. Sería el tercer gobernador del mismo nombre, y esa prosapia le da una cierta independencia frente a su pariente el actual gobernador. Ávila es producto del aparato político local, y en él basa su aspiración, como fundó en él, sobre todo la segunda vez, sus victorias para gobernar el municipio más poblado del país. Nemer estaría más cercano a Emilio Chuayffet que a Peña Nieto. Videgaray, en cambio, no tiene otro asidero que el propio gobernador, al que llegó desde la tecnocracia financiera federal. Egresado del ITAM y del MIT (los institutos tecnológicos de México y de Massachusetts), fue parte, casi siempre como asesor, de la administración hacendaria principal, incluido un puesto que en su denominación revela las complicaciones de una burocracia dorada: asesor externo de la dirección adjunta de ingeniería financiera de Banobras. Luego pasó al sector privado junto a Pedro Aspe, que debe haberlo conducido antes a los dos establecimientos escolares en que también se formó. Entre las varias empresas que ha manejado desde que al concluir su periodo como secretario de Hacienda en 1994 se dedicó a los negocios privados, Aspe creó un despacho de consultoría financiera, Protego, en que Videgaray Caso tuvo un papel relevante, pues fue director de finanzas estatales y municipales, quizá el principal renglón en la panoplia de servicios de Protego. Su tarea consistió en renegociar la deuda de gobiernos como el de Sonora, Oaxaca, Durango y México. En esa coyuntura entró en comunicación con Peña Nieto, que lo nombró secretario de Finanzas, la única responsabilidad que ha tenido en el gobierno mexiquense, que ahora está en posibilidad de encabezar. De allí saltó el año pasado a una diputación plurinominal, y a la presiden- cia de la poderosa Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Hace un año cumplió con creces los fines para los que fue enviado a San Lázaro y a esa comisión. Hoy ha repetido la faena. El Proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por el Ejecutivo había previsto disminuir en 50 por ciento el monto destinado a la construcción de carreteras en el estado de México, que en el presente año fiscal es de 2 mil 700 millones de pesos, pero Videgaray consiguió neutralizar esa medida y aun obtener un mínimo incremento respecto del presupuesto en curso. Al gobierno mexiquense le fueron reasignados mil 600 millones de pesos, con lo que la suma total, quizá a esta hora ya aprobada, es de 2 mil 800 millones de pesos. La reasignación de casi 20 mil millones de pesos en total para el rubro carretero fue tal vez el punto nodal de la negociación entre los grupos parlamentarios. Es tal su importancia, que desacuerdos entre los negociadores retrasaron el dictamen que el pleno debería discutir. Se había previsto concluir el debate en la sesión del jueves 11, pero tuvo que trasladarse a 48 horas después precisamente por esa reasignación, que es el modo en que los grupos parlamentarios atienden los intereses de sus representados, que no son necesariamente los ciudadanos sino instituciones y grupos de poder, dotados de voz y capacidad de presión suficiente para hacerse oír. Los gobernadores de todos los partidos, especialmente los priistas que son mayoría en una Cámara donde su partido tiene igualmente esa condición mayoritaria, son interlocutores privilegiados de los legisladores. Obtener recursos crecientes, especialmente para obras públicas, y entre ellas sobre todo carreteras, forma parte del arte de gobernador y de mantener el gobierno para beneficio de un partido. La función presupuestal fue durante décadas, en el sistema presidencialista que padeció nuestra sociedad, facultad exclusiva del Ejecutivo, aunque constara en la Constitución, como siempre ha ocurrido, que el proyecto presidencial respectivo debe ser aprobado por la Cámara. Antaño se procedía automáticamente, sin discusión o con debate superficial cuando a partir de los años sesenta creció la presencia opositora en el Legislativo. En la nueva distribución del poder parlamentario, y luego de una etapa de considerable y reprochable desorden en que se conseguía la aprobación de partidas específicas según el interés y hasta el capricho de los legisladores más activos e influyentes, ahora se ha institucionalizado el chalaneo en pos de las reasignaciones, que es el modo en que los diputados modifican el proyecto presidencial. Esta posibilidad de reasignar recursos dio lugar a un fenómeno particular que debe ser estudiado a fondo. El secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, según el testimonio de Pedro Vázquez, líder de la bancada petista, negoció con diputados priistas una reasignación de 13 mil millones de pesos para completar los 50 mil millones que se habían destinado a esa fuerza militar en el proyecto presidencial. Sorpresivamente, cuando la operación estaba acordada en comisiones, la Sedena anunció que no requeriría ese incremento. Parecería que el Presidente, del que depende el secretario y sin cuya autorización no pudo haberse negociado el aumento, cambió de opinión y por eso forzó a su colaborador a recular. Suponer que el general Galván procedió sin conocimiento de su comandante supremo y que éste corrigió su desmesura sería suponer que hay un grave conflicto en el interior de las Fuerzas Armadas. Sea de ello lo que fuere, en buena hora que no se asigne esa partida extra al Ejército. Su propósito era crear 18 batallones especiales para combatir el narcotráfico. Hacerlo supone no sólo mantener, sino reforzar grandemente la presencia militar en tareas de seguridad pública, que hasta ahora ha sido anunciada como temporal. Es impensable que batallones recién creados fueran después disueltos cuando las tropas retornen a sus cuarteles. Obispos El presidente Calderón acudió el lunes a la apertura de la nonagésima asamblea del Episcopado Mexicano. Fue recibido como católico y como titular del Ejecutivo. El presidente de la Conferencia episcopal, Carlos Aguiar, fue explícito al decir: "La Iglesia de la que usted forma parte es una institución aliada con el gobierno". La jerarquía católica ha mantenido esa alianza con el poder público en México desde que se hallaba regido por un sistema autoritario de partido dominante casi único y una autoridad presidencial omnímoda. De esa relación ha obtenido ventajas crecientes, que sin embargo no le parecen suficientes. El mismo Aguiar acompañó su bienvenida con la insistencia de contar con libertad religiosa, como si no la hubiera en México, y como si no la ejerciera a plenitud el catolicismo institucional. La Iglesia se enfrenta permanentemente al dilema que, para hablar en términos del bicentenario de la revolución de Independencia, encarnaron el obispo Abad y Queipo y su alumno el cura Miguel Hidalgo. La Iglesia es parte del poder o está con el pueblo. No hay duda de cuál ha sido la opción del Episcopado Mexicano desde los arreglos de 1929, cuando el catolicismo popular alzado en armas fue abandonado a su suerte, después de que se le había instigado a la rebelión. La paladina declaración del arzobispo de Tlalnepantla respecto de la alianza con el gobierno del feligrés Calderón no hace más que transparentar y actualizar esa relación histórica. Además del vínculo político institucional, la trama de ese nexo se manifiesta en actitudes en común sobre temas delicados. Coincidiendo con la apelación presidencial a las Fuerzas Armadas, para que sean su sostén político y su ariete en la lucha contra la inseguridad pública, ante la deficiencia de las corporaciones policiales, la Iglesia desarrolla su pastoral castrense, es decir la asistencia espiritual y el lazo político con esas mismas Fuerzas Armadas. El responsable de esa pastoral es nada menos que el secretario general de la Conferencia Episcopal, lo que muestra que no se trata de una acción marginal. En los años recientes diferentes diócesis han construido en nueve ciudades sendas capillas militares, réplica en pequeño del colosal templo que con ese mismo propósito se alza en Lomas de Sotelo -en la confluencia del Anillo Periférico y Legaria-, justo enfrente de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Hospital Militar. En la inauguración de la asamblea episcopal se percibió la ausencia de dos de los cardenales mexicanos, los arzobispos de las principales circunscripciones, Juan Sandoval y Norberto Rivera. Según explicación pública, éste se hallaba el lunes indispuesto de salud y por eso no se presentó a la reunión con sus colegas. No encontré que se justificara la falta del arzobispo de Guadalajara, por lo que cabe conjeturar que no quiso exponerse, ante la presencia de los medios con motivo de la visita presidencial al encuentro, a preguntas sobre temas polémicos y aun litigiosos, que desdicen del propósito principal de la asamblea. Hubo otra ausencia, menos notoria aun en el seno del Episcopado. El obispo de Saltillo, don Raúl Vera, estaba en Noruega, donde la víspera recibió el Premio Rafto, una importantísima distinción internacional por su activismo en pro de los derechos humanos, los que son con tanta frecuencia violentados en México. La señora Siri Gloppen, presidenta de la Fundación Rafto, explicó en la ceremonia respectiva -el domingo pasado, en el teatro principal de Bergen- que el antiguo adjunto de la diócesis de San Cristóbal de las Casas recibe esa distinción por ser una "fuerte referencia moral, de integridad constante" que defiende "lo que considera correcto sin hacer caso al riesgo personal que corran". Dijo asimismo que personas como don Raúl "son importantes para cualquier sociedad y en cualquier tiempo. Las necesitamos para que sean nuestra conciencia social y política, para mostrarnos las injusticias que nuestras instituciones crean y mantienen. Esto es especialmente importante -y peligroso- en la dramática situación política de México". (El premio se otorga desde 1987 en memoria de Thorolf Rafto, un economista e historiador muerto el año anterior y que dedicó sus afanes humanitarios a la defensa de disidentes en los países de Europa Oriental. Sin que por supuesto haya en ello una relación causal, es notorio que cuatro de los recipiendarios de esta distinción hayan recibido posteriormente el Premio Nobel de la Paz: Aung San Suu Kyi, de Myamar -la antigua Birmania; José Ramos-Horta, del Timor Oriental; Kim Dae-Jung, de Corea del Sur; y Shirin Ebadi, la valiente mujer que demanda libertades de género en el Irán fundamentalista). El obispo de Saltillo terminó su discurso de recepción del premio diciendo que la Fundación Rafto pudo equivocarse en escogerlo, "pero no se equivocó en elegir a México para hacer denunciar ante la comunidad internacional la terrible situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de parte del gobierno contra hombres y mujeres de nuestro país". Como la conferencia episcopal reúne a obispos de muy diversos talantes, también acoge en estos días al de Ecatepec, Onésimo Cepeda, cuya situación jurídica en torno a un escandaloso asunto ha quedado de nuevo en riesgo. Podría ser encarcelado. No en defensa de su fe o los derechos de otros. Se le inmiscuye en el oscuro manejo de 130 millones de dólares. Si los prestó o simuló prestarlos para en cualquier caso cobrarlos, es demasiado dinero para un obispo. Cajón de Sastre La XC asamblea plenaria de la Conferencia episcopal diagnostica en un comunicado sobre su reunión que "la sociedad se ha debilitado en el campo político, la convivencia cotidiana y la dimensión ética, generando una progresiva crisis cultural y social, cuyas manifestaciones son la violencia, la corrupción, la dificultad para la procuración y administración de la justicia, y la lentitud para llevar a cabo reformas válidas y de fondo. La Iglesia Católica es un instrumento muy valioso para promover los valores morales necesarios para el mejoramiento tanto de las personas como de las instituciones de nuestro país". Y tras emitir esas palabras, los obispos expresaron su solidaridad con los valores representados por ¿Raúl Vera? No: los de Onésimo Cepeda, un prelado millonario en una diócesis con enclaves de pobreza extrema. [email protected]