Michoacán: ¿Profecía autocumplida?

 

Carlos Fazio / Prensa Latina

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El pasado 16 de diciembre, en un contradictorio comunicado, la presunta agrupación criminal denominada La familia michoacana le declaró la "guerra" al gobierno de Felipe Calderón.

En un documento enviado a los medios del estado de Michoacán, y distribuido en masivo volanteo en las principales ciudades de la entidad, el grupo fijó el 24 de diciembre como fecha límite para que el gobierno federal se avenga a negociar un plan de paz o se desatarán "enfrentamientos, bloqueos y guerrillas".

De acuerdo con la misiva, "la batalla recién comienza" y el grupo delincuencial se apresta a recuperar los "territorios" que le fueron arrebatados tras una ofensiva gubernamental de seis días de duración en las inmediaciones de la Sierra Madre del Sur.

Las escaramuzas "bélicas" comenzaron el 8 de diciembre, cuando la Policía Federal lanzó un operativo quirúrgico en las rancherías Holanda y El Alcalde, municipio de Apatzingán, donde presumiblemente se realizaba una ceremonia religiosa con la asistencia de dos líderes de La familia. Durante la ofensiva, que contó con el apoyo de siete helicópteros artillados Black Hawk y Bel-412, y un millar de efectivos policiales y de las fuerzas armadas, habría muerto Nazario Moreno González, alias El chayo, quien según las autoridades federales era el principal "líder ideológico" y "guía espiritual" del cártel.

Michoacán es la tierra natal del presidente Felipe Calderón, y en el municipio de Apatzingán se ubica Los Galeana, el rancho del exgobernador de la entidad Cuauhtémoc Cárdenas, tres veces candidato presidencial por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El actual gobernador Leonel Godoy pertenece al PRD y es muy cercano al clan Cárdenas; a su vez, un hermano suyo, el diputado Julio César Godoy, fue recientemente desaforado y es acusado por la Procuraduría General de la República de ser el "enlace" entre La familia y el gobierno estatal. No es un dato baladí que la hermana del presidente de la República, Luisa María Calderón, esté contendiendo como candidata a la gubernatura de Michoacán por el Partido Acción Nacional (PAN) para los comicios del año próximo. En ese juego de intereses se ubica la Operación Conjunta Michoacán, de corte militar, lanzada por Felipe Calderón en diciembre de 2006, a pocos días de iniciar su gestión, que en mayo de 2009 derivó en el llamado Michoacanazo, a raíz de la captura de 10 alcaldes y 16 altos funcionarios del estado por presuntos vínculos con el narco.

Todos fueron excarcelados este año por falta de pruebas, y sólo quedó pendiente el caso del hermano del gobernador Godoy; en ese contexto se ubica ahora el ataque militarizado contra La familia michoacana, señalada por no pocos analistas como parte de la "guerra electoral" por el control del estado. Lo novedoso, en la coyuntura, son los enfrentamientos en escala cada vez mayores entre grupos de la economía criminal y efectivos uniformados, que tienen una relación causal con el empeño del presidente Calderón en catalogar como "guerra" algo que de suyo habría implicado un tratamiento policial, en el marco de un complejo fenómeno social.

La actitud gubernamental, de exterminar presuntos delincuentes considerados "enemigos", deriva en la proliferación de escenarios de confrontación violenta y en el hecho de que grupos criminales se transformen en bandas beligerantes que pelean por el control de territorios. Tras la ofensiva federal se registraron manifestaciones públicas de protesta, de personas que con el rostro descubierto y con notable participación de niños y mujeres, responsabilizaron al gobierno de Calderón de la violación masiva de derechos humanos por policías y militares.

"Señor Presidente, ya no construya hospitales, construya panteones", rezaba el cartel que portaba una muchacha en una marcha el 12 de diciembre; otro manifestante declaró que "entre La Familia y sus desmadres, y Calderón y su Policía Federal, nos tienen jodidos, no nos dejan trabajar". Cuando todavía se desconoce el número de muertos y heridos de ambos bandos, saldo de los enfrentamientos, las movilizaciones antigubernamentales han venido a confirmar el control territorial que habría desarrollado La familia en algunas regiones de Michoacán.

Ligada a un cierto sentido político que apela a una "causa justa" y una clara estrategia de comunicación mediática del grupo delincuencial, esa "base social", mezclada con signos de religiosidad, narcotráfico, autodefensa y reivindicación popular, lleva a algunos analistas a hablar de una "narcoinsurgencia".

Precisamente, fue el vaticinio formulado por la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton, el pasado 9 de septiembre ante el poderoso Consejo de Relaciones Exteriores en Washington, luego descalificado por el presidente Barack Obama.

Ante el "anuncio" de La familia, que en su comunicado habló de transformarse en "guerrilla", estaríamos ante una profecía estadunidense autocumplida, en el marco de una guerra de contrainsurgencia con participación del propio Washington.