LETALES HOMOFOBIA Y ABUSO DE AUTORIDAD
GUILLERMO MONTALVO FUENTES
NOTIESIE
Letales, homofobia y abuso de autoridad
Guillermo Montalvo Fuentes / NotieSe
Las palabras que motivaron a Carlos Williams a tomar aquella decisión fueron determinantes: “A mí no me gustan los homosexuales, y los que hay en la escuela tienen que estar seriecitos, no en la abominación y depravación como tú”. Eso le advirtió la directora del centro de estudios donde el joven cursa la educación media superior, en Nacajuca, Tabasco.
Escenas como ésta parecen locales y esporádicas, sin embargo, lo cierto es que son más frecuentes de lo que se piensa en las escuelas mexicanas, pues las cifras, las encuestas y los registros, revelan que la discriminación por orientación sexual en las aulas es un fenómeno que se replica cada vez más, siendo el nivel medio superior el de mayor incidencia.
De entre las múltiples formas en las que un estudiante puede ser discriminado en su lugar de estudios, la originada por razones de su orientación sexual es una de las más comunes.
Héctor Salinas, académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), y experto en el tema de bullying homofóbico, explica que éste es un fenómeno de acoso entre pares, que se da cuando la violencia y la discriminación por orientación sexual se conjugan en los espacios educativos.
De este modo, se habla de bullying homofóbico cuando un alumno, o grupo de alumnos, agreden a otro por ser, o incluso parecer, homosexual.
Aislar, ignorar, insultar, además de la violencia física, son algunos de los mecanismos que se utilizan en las escuelas para discriminar a personas con una orientación sexual no “heteronormativa”, lo cual genera, en los estudiantes violentados, severos estragos que van desde el temor y la depresión hasta el suicidio.
Claudia Anaya Mota, presidenta de la Comisión Especial Sobre la No Discriminación en la Cámara de Diputados menciona que la discriminación en las escuelas cambia y va rotándose dependiendo el nivel educativo.
“En escuelas primarias, los grupos que tienen mayor discriminación son las personas con alguna discapacidad y los niños que forman parte de alguna religión no católica, aun en escuelas laicas, por ejemplo, los Testigos de Jehová”.
La legisladora federal del Partido de la Revolución Democrática subraya que en el caso de las secundarias, la discriminación cambia, es decir, va rotándose a otros grupos. Ahí las víctimas son gente con VIH/sida, alumnos que tienen una apariencia o un aspecto distinto, como pueden ser quienes pertenecen a tribus urbanas, además de los jóvenes con una orientación sexual distinta a la heterosexual.
Igualmente, Anaya Mota señala que la prevalencia de casos de discriminación es todavía mayor en los niveles medio superior y superior, siendo una vez más la orientación sexual uno de los principales motivos.
Con base en los resultados arrojados por la Primera encuesta nacional sobre exclusión, intolerancia y violencia en las escuelas de educación media superior para el ciclo 2007-2008, un buen porcentaje de los alumnos de este nivel educativo discrimina.
De los 13 mil 104 estudiantes encuestados, hombres y mujeres de 15 a 19 años, de subsistemas federales, estatales y autónomos de la república, 54.0 por ciento manifestó rechazo a compañeros enfermos de Sida, 52.8 por ciento a los no heterosexuales, y 51.1 por ciento a quienes tienen capacidades diferentes.
Esta encuesta, realizada a petición de la Secretaría de Educación Pública reveló que los hombres son más violentados que las mujeres, asegurando que han sido insultados, ignorados, blanco de apodos ofensivos y rechazados. Sin embargo, son las mujeres quienes registran un mayor índice de estrés y depresión.
Al respecto, Gabriela Rodríguez, directora general de la asociación civil Afluentes, dedicada a promover la educación sexual, señala a esta agencia que el principal problema en el tema de la discriminación en las aulas radica, más que en los alumnos, en el personal docente, pues “son ellos quienes también discriminan con frecuencia, y a quienes les toca parar la discriminación en la escuela o cualquier forma de bullying, a través de la enseñanza del respeto y la tolerancia”.
En este sentido, la discriminación por orientación sexual en las escuelas no se reduce únicamente a la ejercida por los estudiantes, compañeros de clase, sino que existe también la originada en los profesores y personal administrativo, tratándose no propiamente de bullying homofóbico, pues como menciona Héctor Salinas, en este caso hay abuso jerárquico, abuso de autoridad.
Tras haber sido expulsado debido a su homosexualidad por Violeta Oliva Cornelio, directora del Colegio de Bachilleres número 39, Carlos Williams se encadenó el pasado 22 de noviembre a las puertas del lugar y comenzó una huelga de hambre, la cual se prolongó durante 12 días.
Luego de que Carlos Williams Gómez Montejo fuera expulsado presuntamente a consecuencia de su homosexualidad, por Violeta Oliva Cornelio, directora del Colegio de Bachilleres Número 39, en Nacajuca, Tabasco, el joven de 20 años decidió encadenarse a las afueras del plantel y comenzar una huelga de hambre.
De acuerdo con las declaraciones que Carlos Williams dio a NotieSe en el transcurso de su manifestación, las actitudes homofóbicas por parte de la directora, quien consideraba que la homosexualidad del joven “no daba buena imagen a la institución”, fueron lo que generó que Carlos decidiera quejarse y pedir, entre otras cosas, la destitución de Violeta Oliva, como titular del plantel.
A razón de que la Dirección General del Colegio de Bachilleres de Tabasco negó haberlo discriminado y poniendo incluso en tela de juicio la autenticidad de su huelga de hambre, la protesta de Carlos Williams se prolongó por dos semanas.
Finalmente, el pasado 4 de diciembre Gómez Montejo se desencadenó al firmar un acuerdo en el que la Dirección General se comprometió a corregirle sus calificaciones, pues de acuerdo con el estudiante se le habían alterado en su perjuicio, y a reincorporarlo al plantel con la garantía de no sufrir represalias. La destitución de Violeta Oliva Cornelio no se consiguió.
Cuando el abuso en las aulas, se queda en las aulas
El reclamo de Carlos Williams no trascendió más allá de lo local, a pesar de su importancia como ejemplo de discriminación por orientación sexual en una escuela. Los medios nacionales apenas citaron el suceso sin darle un énfasis a la protesta del joven.
Por otro lado, y aunque distintas organizaciones de la sociedad civil llevaron a cabo acciones en apoyo del joven tabasqueño, principalmente de la capital de Tabasco, hubo un abandono por parte de asociaciones civiles de otras entidades del país.
Antonio Medina, coordinador general de NotieSe, argumenta, con respecto a la labor de la sociedad civil en este caso, que faltaron estrategias encaminadas a las acciones, más allá del apoyo moral o del simple pronunciamiento, pues no hubo una acción colectiva contundente como sí ha sucedido en otros casos. “La colectividad LGBTI no se apropió de la propuesta de Carlos Williams, no nos indignamos como se indignó él… lo dejamos solo con su protesta”.
En este mismo orden de ideas, Medina Trejo rescata que con su encadenamiento y huelga de hambre, Carlos Williams mandó el mensaje de ser una persona con el derecho a existir, a ser como quiere ser, pero además, que conoce sus derechos y su propuesta era porque sabía perfectamente que se le estaban violando. “Ese es el gran mensaje que no captó la comunidad LGBTI mexicana”.
Sin embargo, en el ámbito legal, y precisamente por la contrariedad de versiones que se dieron en torno al caso, la diputada Claudia Anaya menciona que debió requerirse una evaluación para ver quién estaba en el error y sancionar al responsable, pues “no podemos ni sobreproteger a un grupo por su condición, ni por supuesto, tampoco restringirle sus derechos”.
La también presidenta de la Comisión Especial sobre la No Discriminación recomienda que lo más viable en estos casos es realizar un examen general para verificar que efectivamente hay un abuso, ya que una situación como esta “no se puede subsanar con una medida tan tenue, porque entonces queda siempre la duda y la opacidad del proceso”.
A pesar de que Carlos Williams terminó con su huelga de hambre, el expediente levantado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sigue abierto, a la espera de determinar si efectivamente hubo o no discriminación hacia el estudiante por su orientación sexual, tal como se documenta en el comunicado 307-2010 de ese órgano autónomo.
Estudiantes gays vulnerabilizados
Pero, independientemente de la resolución que se le dio al problema, lo que trasciende es la vulnerabilidad a la que se pueden enfrentar los estudiantes violentados en sus derechos, frente a la autoridad que ostentan las propias instituciones educativas.
Realmente no existen en el país órganos jurídicos que atiendan las quejas de los estudiantes que sean violentados de alguna manera y por cualquier motivo, entre ellas la orientación sexual, sin importar el nivel educativo.
Sólo en la educación superior los estudiantes cuentan, en algunas universidades, con órganos reguladores encargados de resolver los problemas que pudieran surgir en los planteles de estudio, como es el caso de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM, la cual abarca desde preparatoria hasta posgrado.
En lo que respecta a los estudiantes de primaria, secundaria o bachillerato, la opción inmediata para levantar una queja está dentro de la misma institución educativa, algo que representa una limitante, pues de acuerdo con el investigador Héctor Salinas, muchas veces el personal del plantel educativo no se encuentra capacitado, por lo que no sabe cómo manejar este tipo de situaciones. “Esto origina que los alumnos que se sienten acosados o que son violentados no encuentren espacios adecuados en la escuela para denunciar”.
Ante esta situación, cuando el estudiante no obtiene respuesta a su queja, el siguiente paso es acudir a las comisiones de derechos humanos, estatal en primera instancia, y nacional en segunda, con la posibilidad de presentar la queja, incluso, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomienda el docente de la UACM.
“Las instancias educativas son públicas y las comisiones de derechos humanos tienen la obligatoriedad de entrar, a, ya sea sancionar, porque los maestros no han podido regular las situaciones que acontecen, o bien, a dar cursos de capacitación, que es lo más viable”, asevera la diputada Anaya.
En el plano teórico, en agosto de 2008, y con motivo de la XVII Conferencia Internacional sobre Sida que se llevó a cabo en la ciudad de México, ministros de Salud y Educación de 30 países de América Latina y el Caribe establecieron la Declaración Ministerial Prevenir con educación, con la finalidad de garantizar el acceso a la educación de calidad a toda la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en ambientes libres de violencia, estigma y discriminación, a través de las pertinentes modificaciones a los planes de estudio y la capacitación del personal docente, según lo explica el documento.
No obstante, a pesar de esta iniciativa, en México no se han visto acciones contundentes para generar cambios reales, pues como afirma Gabriela Rodríguez, se carece de voluntad política.
“La Declaración Ministerial de 2008 fue un acto demagógico por parte del presidente (Felipe Calderón) y la entonces secretaria de Educación (Josefina Vázquez Mota), cuando tenían los ojos de todo el mundo aquí por la conferencia mundial del VIH/sida. Entonces expresaron un discurso sumamente abierto a la diversidad y al uso del condón, pero realmente no se ha visto una inversión, un compromiso, un mandato para invertir en campañas en medios, capacitación de personal docente y nuevos materiales”.
Por ello, especifica Gabriela Rodríguez, resulta necesaria la implementación de políticas públicas y estrategias pedagógicas en el sistema educativo mexicano para prevenir y eliminar, no sólo los actos discriminatorios por orientación sexual, sino todo tipo de exclusión en las escuelas, ejercidos tanto por estudiantes como por personal docente y administrativo.
“En la educación está lo básico”, asegura la diputada Claudia Anaya, quien al mismo tiempo menciona que el trabajo de la Comisión Especial sobre la No Discriminación debe tender a exhortar a un punto de acuerdo a los planteles educativos para que lleven talleres sobre el derecho a la no discriminación, pues la parte informativa y educativa es lo más viable, tanto para alumnos como profesores.
“No podemos sancionar a una sociedad a la que no hemos tenido la capacidad de educar”, sostiene la presidenta de esta comisión.
Sin embargo, dichas implementaciones deben estar enfocadas no sólo en el terreno educativo, sino también en el familiar, religioso o laboral, y donde juega un papel importante el trabajo responsable de organizaciones civiles y, por supuesto, medios de comunicación.
Antonio Medina afirma que un paso enorme ha sido acceder a las leyes y tener derechos, pero más allá de esto, “el gran reto de la comunidad de la diversidad sexual es ir transformando realidades en los contextos de la vida cotidiana… en los ámbitos laborales, escolares, médicos; en instituciones de impartición de justicia y desde luego en los medios de comunicación”.
En este sentido, concluye Medina: “no es cuestión sólo de capacitar, educar o sensibilizar a estudiantes, profesores o padres de familia sobre la diversidad sexual, sino que también es fundamental que las personas conozcan sus derechos y los defiendan, tal como lo ha hecho Carlos Williams, quien se indignó, protestó y mandó un mensaje a la sociedad: la diversidad sexual existe y requiere ser comprendida y respetada por instituciones y la sociedad en su conjunto”.
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