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JORGE MEDELLIN

 
 
   
 


Suspensión de garantías
January 10, 2011
— 12:03 am
1.- El alcalde de la capital regia, el panista Fernando Larrazabal, es el primero en reventar ante la inoperancia de las autoridades estatales y municipales de Nuevo León para contener la ola de violencia que en unos días ha cortado la vida de más de una decena de policías locales y federales, en ataques escalonados y dirigidos quirúrgicamente por sicarios del cartel de los Zetas.
2.- Larrazabal ha sido claro, solo le falta ser contundente. El acalde tiró la toalla ante la ola de ataques y declaro la imposibilidad de sus agentes y la del gobierno estatal priista para garantizar y mantener el orden y proteger a la ciudadanía. Pidió la presencia urgente de las más altas instancias federales (las fuerzas armadas) para hacerle frente a la situación.
3.- Esto significa que el gobierno municipal de Monterrey está a punto de enviarle a la Secretaría de Gobernación y a la Presidencia de la República la petición formal para que se lleve a cabo una reunión de emergencia para evaluar, mediante el Gabinete de Seguridad Nacional, la situación en la capital de Nuevo León con miras a decidir si en verdad las autoridades locales fueron rebasadas por la delincuencia organizada.
4.- Seguir todo este procedimiento jurídico y administrativo significaría, en pocas palabras, no solo darle luz verde al despliegue militar en Monterrey, sino también abrir la posibilidad para un escenario de suspensión garantías individuales en la capital regia que se ha convertido en campo de batalla entre Zetas, cartel de Sinaloa y células del cartel del Golfo en pleito por el control para el paso y lavado de dinero, para el trasiego de droga y para operar desde Nuevo León a manera de pivote  estratégico hacia las costas del Pacífico y del Golfo.
5.- En este espacio, el 25 de marzo de 2010 (http://columnas.ejecentral.com.mx/deordensuperior/2010/03/25/estado-de-excepcion%E2%80%A6-nuevo-leon-brutalidad-militar/), adelantamos sobre la creciente e incontrolable violencia que aparentemente había llegado a su límite con el asesinato de dos estudiantes de posgrado por parte de militares a las puertas del Tecnológico de Monterrey.
Señalábamos entonces los cambios a la Ley de Seguridad Nacional, que acababa de ser modificada para permitir que un mandatario estatal e incluso uno municipal pudieran declararse o reconocerse rebasados totalmente para enfrentar al narco, pidiendo con ello la intervención de la federación para hacerse cargo de la emergencia.
“Las modificaciones, que funcionarán como un mecanismo paralelo a la aplicación del Artículo 129 constitucional que prevé la suspensión de garantías individuales, contemplan un mecanismo en el que el gobernador o alcalde soliciten de manera directa al jefe del Ejecutivo y al Senado la aplicación de Estado de Excepción tras documentar la imposibilidad para contener la acción del crimen organizado.
El Senado y el Ejecutivo revisarán fast track la situación y en un plazo de 48 horas podrán decidir si dicho mecanismo es aplicable, cuál o cuáles instancias asumirán el control de la seguridad en la entidad(es) o municipio(s), bajo que esquema operativo, con qué recursos, bajo qué mando y por cuánto tiempo.
En este último renglón, la iniciativa prevé periodos de actuación hasta por 18 meses…o más, según sea necesario.”
6.- Larrazabal le pone el cascabel al gato priista y coloca al presidente Calderón y a su gabinete de seguridad en la disyuntiva de aplicar una medida extrema como la suspensión de garantías en Monterrey, corazón de la economía de la mitad del país, asiento de los barones del dinero nacional y extranjero en tierra azteca.
7.- Las condiciones están dadas en Monterrey, pero la evaluación federal será seguramente distinta porque Monterrey no Ciudad Juárez (en donde los escenarios son peores y se dan a las puertas de los Estados Unidos). ¿Suspensión de garantías en el feudo de los señores del gran capital nacional?
8.- La violencia escaló. Los cárteles no solo la han incrementado mientras el gobierno calderonista y sus increíbles asesores insisten en vendernos discursos triunfalistas e incluso llegan al extremo de asegurar, por ejemplo, que la organización de La Familia Michoacana está débil, que se ha disgregado y busca hacerse de recursos porque sus líderes y operadores se han quedado casi en la bancarrota como consecuencia del asedio policiaco-militar. Nada más falso.
9.- El cartel al que más trabajo le ha costado rehacerse a partir de nuevas y altamente riesgosas alianzas en el norte del país, es el de los Beltrán Leyva. Parte de la tortuosa ruta para mantener presencia en Morelos, extenderla al estado del México, a algunos puntos del Distrito Federal, a municipios de Puebla y a zonas acotadas en Hidalgo y en el Estado de México, pasa necesariamente por una parte de las costas de Guerrero.
10.- El baño de sangre que enmarcará las elecciones para gobernador en esa entidad tiene un contexto explosivo. Los decapitados hallados frente a un centro comercial en la zona costera de Acapulco pertenecían a una de las bases de apoyo de los Beltrán Leyva. Sus ejecutores son comandos de La Familia Michoacana en pugna para controlar la plaza que los Zetas han descuidado momentáneamente para concentrarse en el control de la frontera sur de México, con bastante éxito por cierto.
11.- La limpieza llevada a cabo por La Familia Michoacana, a la que la SSP Federal da casi por muerta, busca también despejar el camino en Petatlán y en Coyuca de Catalán para garantizar el paso de drogas duras como la heroína, que invade con facilidad, sin mayor oposición, las calles de Monterrey y más al norte las de Ciudad Juárez.
12.- En este contexto de informaciones encontradas, de versiones oficiales sin sustento, la PGR, a través de la SIEDO, de la otro revés a la SSP Federal y a la Policía Federal al filtrar a la prensa un documento en el que no solo deja en claro que La familia Michoacana goza de cabal salud, sino que además lo demuestra haciendo acto de presencia en California, Nuevo México, Texas, Georgia, Illinois, Atlanta, Carolina del Norte y Carolina del Sur y Florida (http://www.eluniversal.com.mx/primera/36159.html). ¿Entonces? ¿Está apunto de desintegrarse y sin dinero o se ha extendido dentro y fuera del país pese a la muerte de uno de sus líderes y fundador?
CENTINELA.-
Me bastó ver de reojo la portada del libro del General (Retirado) Roberto Badillo Martínez, un militar nacionalista a ultranza, para quedar atrapado de inmediato.
El titulo no puede ser más avasallador (El Complejo Militar-Industrial de los Estados Unidos, Ed. Miguel Porrúa. México, octubre 2010) y la presentación, cuidada y llamativa, con la bandera norteamericana ondeando en la parte superior y aspectos de Wall Street en la parte inferior.
Cometí el error de no revisarlo a detalle antes de tomarlo y sumarlo a otros títulos que pagué en la caja de Ghandi. De esto hace ya tres semanas. Craso error.
He leído y releído el texto del General Badillo, de 186 páginas y sigo sin encontrar un solo capítulo, cinco o diez hojas, algún párrafo, una acotación, aunque sea una anécdota personal que se refiera así, tan contundente como el título, al Complejo militar-industrial de los Estados Unidos, … y nada.
Le haría bien el General Badillo darse una vuelta por las páginas del GAO (General Accounting Office), el órgano fiscalizador del gasto en los Estados Unidos, para documentarse un poco sobre las vicisitudes que atraviesan los congresistas de ese país al intentar auscultar desde hace 20 años el detalle de los gastos bélicos del Departamento de Defensa norteamericano.
Es misión imposible. El texto sobre este tema (http://www.gao.gov/highlights/d11113high.pdf) da muchas luces sobre la actuación del Pentágono y la situación de la industria militar estadunidense, su papel en el país del norte y en el mundo.
Nada se pierde con investigar de en serio.

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