De siete a diez años'

Hoy por hoy, la amenaza del narcotráfico es directamente al Estado mexicano

Ricardo Pascoe Pierce

 

Según uno de los más recientes WikiLeaks sobre México, al que le da absoluta veracidad la vocería del PRD, el secretario de la Defensa Nacional de México le habría dicho al almirante Dennis Blair, representante de los aparatos de seguridad de Estados Unidos, que el Ejército mexicano participará durante los próximos siete a diez años en la lucha contra el narcotráfico. Según el mismo reporte, el general Galván también habría externado su desconfianza hacia las fuerzas policiales de México, por considerarlas infestadas por el mismo narcotráfico, y habría solicitado a su par estadunidense más apoyo en el área de inteligencia. Según WikiLeaks, México también compartió información que se tiene con relación al modo de operación del Chapo Guzmán.

Esta filtración le sirvió al PRD para afirmar que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado y llamó a replantear la estrategia en contra del narcotráfico. En diversas ocasiones el PRI también ha hecho llamados similares, condenando aspectos como lo que considera que es la falta de energía en el combate al lavado de dinero, ha llamado a “regresar las tropas a sus cuarteles” y condena el uso centralizado de la policía. El senador Beltrones ha sido particularmente vociferante en este planteamiento priista.

Este cruce de fuentes informativas sobre el combate a la delincuencia organizada, especialmente en su faceta del narcotráfico, establece la existencia de visiones encontradas sobre el diagnóstico del problema y, por tanto, de las vías adecuadas para su atención y solución.  Aunque este hecho no nos sorprende, sí convoca a esclarecer más adecuadamente el dilema que enfrenta México.

Hoy por hoy, la amenaza del narcotráfico es directamente al Estado mexicano. Cuestiona los fundamentos del Estado en diversas entidades del país. El crimen organizado busca impedir que el Estado cumpla con sus tres funciones básicas, como son: una, cobrar impuestos; dos, asegurar la aplicación del Estado de derecho y, tres, ejercer el monopolio absoluto sobre el uso de la fuerza (policía y Fuerzas Armadas) en la sociedad. Al verse afectado en el pleno desempeño de sus funciones constitucionales, el Estado enfrenta un cuestionamiento por parte de la sociedad.

El dilema que enfrentan los partidos de oposición es que su crítica a la lucha que realiza el Estado en contra de la delincuencia organizada podría entenderse como una combinación de dos cosas: como un apoyo objetivo al crimen, así como un ataque al Estado de derecho legalmente constituido en México. Criticar al gobierno, en este caso, es un camino lleno de peligros.  Percibiendo esto, la estrategia de López Obrador es ni siquiera mencionar el tema.

El reto que encara el Estado es el de transformar y reducir esta amenaza a la seguridad nacional en una de seguridad pública. El tráfico de drogas no va a desaparecer, y ese no puede ser el objetivo del Estado. Pero el Estado sí debe buscar que deje de amenazar al orden constitucional del país, para volverse un asunto policiaco. Hasta en tanto no deje de ser un problema que amenace la seguridad nacional, el Ejército mexicano no podrá dejar de combatir el fenómeno en las calles.

        *Especialista en análisis político

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