Los cables diplomáticos revelados por el sitio WikiLeaks la semana pasada retratan al Ejército Mexicano como una fuerza lenta, mal preparada, desconfiada e incapaz para responder rápidamente ante informes de inteligencia facilitados por Estados Unidos para ubicar y detener a los capos del tráfico de droga. Además, en esos cables el Ejército está descrito como una entidad abusiva de los derechos humanos, que se niega a colaborar con las agencias estadounidenses y reclama la suspensión de garantías para operar contra el narcotráfico.

Con una comprensión errónea del marco jurídico de las Fuerzas Armadas o las preocupaciones de los propios mandos castrenses que reconocen que las operaciones militares contra el narcotráfico carecen de un sustento legal, más allá de la decisión de la Suprema Corte de Justicia para autorizar a los soldados para detener narcotraficantes in fraganti, los diplomáticos estadounidenses exhiben al general secretario Guillermo Galván como un mando militar deseoso de suspender las garantías constitucionales de los mexicanos, a contrapelo de los líderes políticos mexicanos.

Esas deficiencias en la comprensión estadounidense del pensamiento militar mexicano no son nuevas. Afectados por una incapacidad histórica de buenos enlaces con el Ejército mexicano, los líderes políticos y militares del país vecino han vuelto su vista a los almirantes de la Armada de México, a la que ven como una institución cooperativa, moderna y eficaz.

Esta propensión hacia la Armada hace eco del incremento del perfil de los almirantes en este sexenio. Para subsanar el abandono histórico de la Armada de México, el presidente Felipe Calderón intentó equilibrar el peso del liderazgo militar en las dos secretarías que tienen que ver con la defensa nacional y ordenó un proceso de desarrollo de operaciones conjuntas contra el narcotráfico.

En esta administración, el número de 537 generales ha permanecido desde el inicio del sexenio, pero el número de almirantes se ha elevado en 26%. Mientras Vicente Fox sólo ascendió a 35 almirantes, Calderón ha ascendido a 165.

Tanto la predilección estadounidense por los almirantes como el impulso del Presidente mexicano a la Armada han estimulando la idea de que existe una lucha soterrada entre el almirantazgo y el generalato por obtener mejores posiciones en la política de seguridad, más prestigio y también más recursos para sus propias instituciones.

En el fondo, los giros recientes de la política de cooperación militar binacional han terminado por obstaculizar el plan gubernamental de establecer un sistema de operación conjunta entre ambas fuerzas armadas que, eventualmente, sentara las bases de un Estado Mayor Conjunto.

La operación contra Arturo Beltrán Leyva, descrita en uno de los cables revelados por WikiLeaks, demuestra que ese grado de integración aún está muy lejos de ser alcanzado. Decir, como lo afirma el cable, que el Ejército Mexicano se negó a actuar contra el líder del cártel de los Beltrán Leyva y que, en contraste, la Armada aprovechó los informes de inteligencia estadounidenses y actuó rápidamente contribuye a sembrar la sospecha en los generales del Ejército.

Atrapar a narcos en ese contexto puede ser un paso positivo, pero también puede tener costos muy elevados. Lejos de alcanzar su ideal de proyectar el poder naval, la Armada está retrocediendo primero a una suerte de guardia costera, segundo a un sustituto del Ejército y tercero a un reemplazo de la Policía Federal. A ese paso, la fuerza naval, que era la menos contaminada de las fuerzas de seguridad que combaten al narcotráfico, puede terminar desprestigiada como las demás. Agotar el último de los recursos sería extremadamente riesgoso para el país. Por más que los cables estadounidenses exalten la honestidad y eficacia de la Armada.

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