Recientemente el secretario de Gobernación, licenciado Fernando Gómez Mont, defendió el fuero militar en contra de las críticas que surgieron del Examen Periódico Universal (EPU) que la ONU hizo respecto de las prácticas en México que son violatorias de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Creo que es importante hacer un deslinde. Una cosa es la estrategia presidencial de encargarle al Ejército la labor policial de perseguir a quienes se involucran en todo lo relacionado con el narcotráfico y otra es la práctica, o los procedimientos que emplean algunos miembros del Ejército para ejecutar tal estrategia presidencial. Este texto se refiere a esta última dimensión formal. No es mi intención, por ahora, referirme a la estrategia presidencial. Sólo tengo espacio para referirme a la manera en que algunos miembros del Ejército mexicano están llevando a cabo dicha estrategia y a algunas de sus consecuencias, empezando por la decisión del gobierno de Canadá de establecer para los ciudadanos mexicanos el requisito de obtener una visa para entrar a su país. Parto de la convicción de que el gobierno de Canadá tiene el derecho soberano de tomar esa decisión, aunque es legítima la crítica de la forma precipitada en que la puso en práctica. Según la explicación de la medida que hizo pública el embajador de Canadá en México, señor Guillermo Rishchynski, se debió a un incremento inesperado del número de solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos mexicanos para entrar a Canadá. Tales solicitudes distan mucho de ser automáticas en su concesión. Éstas van, desde las que cumplen con las condiciones que establece el derecho internacional para justificar el ejercicio del derecho de asilo, hasta las fraudulentas, que invocan situaciones inventadas para obtenerlo. Yo tuve ocasión de enterarme del incremento de solicitudes de asilo para entrar a Estados Unidos, a lo que me referí en mi colaboración a este diario publicada el 17 de marzo de 2009 (cuya copia enviaré a quien me la solicite a: [email protected]). Lo relevante de tal artículo para este texto es que se originó en la documentación que me entregó el señor Emilio Gutiérrez Soto, reportero de El Diario del Noroeste, que dijo ser miembro de la asociación denominada PEMEXX (Periodistas Mexicanos en el Exilio) sobre la saga que él vivió al ser amenazado de muerte, asaltado a mano armada en su domicilio en Ascensión, Chihuahua, y robado por una partida de 50 soldados uniformados del Ejército mexicano, después de que él publicó una nota en su periódico sobre el asalto de un grupo de soldados a un motel de paso en el que asaltaron y robaron a todos los huéspedes que se encontraban en ese lugar. En esa nota, el periodista dio todos los datos que le dieron las víctimas para identificar a los soldados asaltantes, sin que pasara nada, salvo el asalto que sufrió él mismo en su casa y las amenazas de muerte si no se retractaba de su nota. Sus amigos le aconsejaron que tomara en serio las amenazas y que se fuera del país. Así lo hizo, solicitando asilo al gobierno de Estados Unidos. Este periodista venía acompañado de su abogado, quien me mostró documentación de otros casos de asalto de soldados a civiles inocentes que luego lo buscaron para que les tramitara el asilo para entrar a Estados Unidos. A partir de este encuentro con una víctima y su abogado que me entregó datos de otros casos semejantes, yo sugerí que siguieran el procedimiento de una queja dirigida a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU solicitando su intervención para buscar la suspensión de esa práctica. No he sabido qué pasó después, sólo que yo pensé que debía contribuir escribiendo un artículo con la narrativa de lo que había escuchado. Yo pienso que es muy posible que esas prácticas estén detrás del incremento de las solicitudes de asilo de mexicanos, no sólo a Estados Unidos y Canadá, sino a otros países que podrían seguir el ejemplo de Canadá como reacción a incrementos de solicitudes de asilo de mexicanos, detrás de los cuales está una práctica de algunos miembros del Ejército mexicano de la cual el gobierno de México debiera darse por enterado antes de que se convierta en un escándalo del que la imagen de México y de su gobierno salga a la opinión pública internacional confirmando el chisme de que somos un "país fallido".