Albazo presupuestal

Dictámenes que fueron aprobados sin discusión ni conocimiento del total de los legisladores conforman el siguiente presupuesto de gastos del gobierno federal A deshoras, desde un mundo y un calendario irreales, infringiendo la ley repetidamente, en la aurora del martes pasado -por lo que puede válidamente hablarse de un albazo-, la inmensa mayoría de los diputados federales aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación y con ello cerraron el ciclo que pone en vigor la legislación fiscal para el año en que se cumplen 200 del comienzo de la revolución de independencia y 100 de la guerra civil que acabó con la dictadura y su intento de restauración.
Al aprobar la Ley de Ingresos, que contiene incrementos impositivos y nuevos gravámenes, así como la conservación y renovación de privilegios fiscales a los más pudientes, los congresistas previeron una recaudación que, por más que sea fantasiosa (ya que se basa en ingredientes fuera del control del Estado mexicano, como la deuda externa y el mercado petrolero internacional), permite programar un gasto público que parece destinado a una República próspera sin problemas de coyuntura. Despegados de la realidad, ajenos a las preocupaciones sociales -que llegan al nivel de la angustia en vastos sectores-, los legisladores completaron su faena y se retiraron satisfechos a descansar hasta el próximo martes, en que volverán a la ficción desde la cual ejercen el Poder Legislativo. Reanudarán las luchas en el interior de las bancadas y de los partidos, más activas que la contienda parlamentaria en sí misma, prácticamente inexistente, como se mostró el fin de semana pasado y hasta las primeras horas del martes 17.
La sesión en que fue aprobado el presupuesto comenzó formalmente el viernes 13 al mediodía, con la presencia de 315 diputados.
Su primer tramo duró apenas 20 minutos, uno de los cuales fue ocupado en notificar al pleno que se habían recibido 76 propuestas de asignación o reasignación de partidas en el presupuesto, procedentes de la propia Cámara, más nueve llegadas del Senado. Es seguro que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública ni siquiera las recibió, o no puso en ellas la menor atención, como se comprobaría con las que presentó la Comisión de Agricultura de la Cámara misma, según vendría a saberse en la madrugada del martes. Pero ese momento estaba lejos cuando a las 12:20 del 13 de noviembre se declaró el primero de los cinco recesos que alargaron dicha sesión.
Ese primer receso debería concluir el sábado 14 a las 18:00 horas, en vísperas del vencimiento del plazo constitucional para aprobar el plan de gastos federales. Se extendió hasta la noche del domingo, cuando a las 23:30 se reanudó la sesión, para un brevísimo segundo tramo que duró únicamente ocho minutos. Se anunció un segundo receso que duraría dos horas, pero se prolongó en realidad por más de 10. A las 22:08 del lunes 16 se reunieron de nuevo los diputados, pero hora y media después interrumpieron de nuevo la accidentada sesión, porque no estaba concluida la tarea de la comisión dictaminadora.
Ésta había trabajado, en la semana precedente, sólo con la presencia de su presidente, el priista Luis Videgaray, y algunos panistas. Prepararon un predictamen que reasignaba el 3 por ciento de los poco más de 3 billones de pesos que el gobierno gastará en 2010 (en el supuesto de que tenga realmente recursos para hacerlo). Finalmente accedieron el fin de semana a dejar que diputados de otras fracciones conocieran, así fuera de modo parcial, el predictamen, lo que los secretarios perredistas Vidal Llerenas y Armando Ríos Piter consideraron una gracia suficiente, al punto de que Llerenas, ex subsecretario de Finanzas del gobierno capitalino, habló en pro de un dictamen en cuya confección no había participado y cuyo conocimiento se le regateó.
Ambos legisladores pretendieron justificar su actitud con una fuga hacia delante: ésta será la última vez que actuemos así, el año próximo no vamos a permitirlo, dijeron como si por ensalmo en 2010 cambien la estructura de la Cámara y las condiciones del trabajo parlamentario. Al presentar el dictamen, Videgaray se ufanó de logros inexistentes, y de plano mintió al decir que el dictamen incluía "un programa de reducción de gasto de más de 90 mil millones de pesos". De haber sido verdadera esa cifra, la contribución de la Cámara hubiera ido exigua, pues su presupuesto sólo disminuyó 400 millones de pesos. Aquel monto multimillonario no había sido regateado al Ejecutivo, sino sólo reasignado. Presentó también como un logro la obligación de la Presidencia de presentar el 15 de marzo un "programa nacional de reducción del gasto público del gobierno federal", que fue la tibia y tardía respuesta al reclamo nacional por acompasar las erogaciones gubernamentales a la situación económica del país, a fin de que acabe la absurda paradoja de que el gobierno derroche dinero que hace falta a la sociedad. Cuando oficialmente hay 3 millones de desempleados y el ingreso de la mayor parte de los mexicanos los mantiene en el nivel de la pobreza alimentaria, la clase gobernante obtiene beneficios que se adentran en el abuso y la insolencia: además de sueldos multimillonarios, medio centenar de funcionarios del más alto nivel, incluido el Presidente de la República, agregan a su salario cifras superiores en cada caso a 600 mil pesos al año por el riesgo de ejercer sus atribuciones, modo torpe de incrementar sus elevados emolumentos. Fue veraz el diputado mexiquense en otras materias. Anunció una reasignación de casi 18 mil millones de pesos para "caminos
rurales, puertos, ferrocarril, carreteras alimentadoras y por supuesto vías primarias de autopistas". En ese rubro, en efecto, se percibió con manifiesta claridad el propósito de Enrique Peña Nieto de prescindir de su secretario de Finanzas, el propio Videgaray, para hacerlo diputado federal y presidente de la Comisión de Presupuesto. El proyecto de presupuesto incluía mil 100 millones de pesos para el programa carretero del estado de México. Se le asignaron finalmente 2 mil 665. Todos los gobiernos estatales se beneficiaron con incrementos en esa partida, pero ninguno en la, digámoslo así con toda intención, desproporcionada proporción en que el mexiquense fue privilegiado: 142 por ciento.
Después de la exposición de Videgaray y la toma de posición de los representantes partidarios y cuando parecía que iba a iniciarse el debate del dictamen se anunció la presentación de una voluminosa fe de erratas, que fue en realidad otro dictamen al que a su vez, para colmo, en el curso de la madrugada se hicieron correcciones. A las 23:36 horas del lunes 16 se inició un tercer receso que terminó dos horas después. Se votó entonces en general un dictamen, el resultante de la fe de erratas que muy pocos presentes pudieron conocer. Y sin embargo en lo general fue aprobado por 437 votos, con sólo 25 en contra y cuatro abstenciones.
El debate en lo particular, que se supone permitiría revisar puntos específicos del dictamen, fue frustrado por la mayoría. Entre decenas de proposiciones desechadas sin discusión, por el puro peso de la mayoría, sólo siete propuestas fueron admitidas. La maquinaria pasó por encima hasta de Cruz López Aguilar, líder de la CNC priista, quien, sin presentarlo como eso, formuló una denuncia. Dijo que la noche del domingo, después de conocer el límite máximo que se había asignado al Programa Especial Concurrente (el principal mecanismo de gasto e inversión en el sector rural), la Comisión de Agricultura que él preside pretendió entregar a la de presupuesto el proyecto reajustado conforme a ese tope. Pero en la comisión de Videgaray le cerraron la puerta: ya estaba confeccionado el dictamen sin la aportación de la Comisión de Agricultura. Votarlo así, dijo el dirigente campesino, "trae consigo el gravísimo problema de no contar con los recursos suficientes para atenderlo, siendo que el proyecto de Programa Especial Recurrente debidamente ajustado y que cuenta con el respaldo económico ya se encuentra en poder de la Comisión de Presupuesto...".
Desagradablemente sorprendidos por la irrupción imprevista de López Aguilar, después de dos nuevos recesos causados por su intervención, se le tomó el pelo. Se votó una cláusula que por no ser obligatoria será ineficaz: en la aplicación de los recursos respectivos "se considerarán" las propuestas de la Comisión de Agricultura que la de presupuesto ni siquiera estudió.