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Y para que

La llegada de un panista a la Secretaría de Hacienda rompe cierta neutralidad que prevalecía en esa dependencia. Desde 1929, año de la fundación del Partido Nacional Revolucionario, a la fecha ha habido sólo un presidente de la República que previamente fue secretario de Hacienda. Se llamaba José López Portillo. Lo designó, para ambas funciones, la de secretario y Presidente, Luis Echeverría Álvarez. La historia tenía un contexto muy preciso y vale la pena recordarlo. Echeverría llegó a la Presidencia en medio de la crisis de legitimidad que provocó la represión del movimiento estudiantil de 1968. Se propuso recomponer el régimen cooptando a los líderes estudiantiles disidentes e incrementando el gasto público. Las empresas paraestatales y el gasto en educación se multiplicaron geométricamente. El Presidente, sin embargo, enfrentó en sus dos primeros años de gobierno una crisis económica que él mismo denominó "atonía". Para combatirla decidió remover al secretario de Hacienda, Hugo B. Margáin, quien en la tradición del Banco de México y de Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda de López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, se oponía al incremento
desmedido de la deuda pública para financiar el gasto del gobierno.
Luis Echeverría mató, de esa manera, tres pájaros de un solo tiro: asumió directamente el control de la política económica ("La política económica se decide en Los Pinos", sentenció), colocó a su amigo más cercano en la Secretaría Hacienda y lo puso en la antesala de la Presidencia de la República. El desenlace fue dramático y terrible. Culminó en 1981-82 con la suspensión de pagos de facto y con la estatización de la banca.
De esa memoria nació la reforma de 1994 que le confirió autonomía al Banco de México. El artículo 28 constitucional establece: "El Estado tendrá un banco central que será autónomo en sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional... Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento".
La historia no termina allí. Durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador por la Presidencia de la República, algunos advertimos el riesgo de que ya en la Presidencia el candidato de la Coalición por el Bien de Todos se enfrentara abiertamente a dos instituciones autónomas: el Instituto Federal Electoral y el Banco de México. Cuando el PAN ganó la elección esa posibilidad pareció cancelada.
Pero, como dice la canción, sorpresas te da la vida. En el 2007 Felipe Calderón dio su visto bueno a la contrarreforma electoral. La decapitación del Consejo General puso en claro que la autonomía del IFE estaba sujeta a las veleidades de los partidos políticos y dejó un mensaje a los nuevos consejeros: la espada de Damocles pende sobre la cabeza de cada uno de ustedes.En el 2008, en una gira por el estado de Puebla, el presidente de la República increpó a la Junta de Gobierno del Banco de México. Señaló que era indispensable que las tasas de interés bajaran para favorecer la inversión y la competitividad de las empresas mexicanas. La respuesta de Guillermo Ortiz fue inmediata: "Ante una situación en la que la inflación va al alza difícilmente el banco central puede reaccionar bajando tasas".
Ese choque de visiones y de objetivos está en el fondo de la remoción de Guillermo Ortiz. El gobernador del Banco de México no hizo más que acatar el mandato constitucional que establece como prioridad el control de la inflación. La inconformidad del presidente de la República tenía motivos, pero era injustificada.
El conflicto es real y es por eso, justamente, que la autonomía y el objetivo prioritario del Banco de México se elevaron a rango constitucional. De ahí que la confrontación entre un gobierno de izquierda y el Banco de México fuese completamente predecible. López Obrador siempre consideró que la autonomía tenía el propósito de enquistar el cáncer del neoliberalismo en el Estado. ¡Pero un Presidente del PAN!
Es cierto que la llegada de Agustín Carstens al Banco de México no anuncia el fin de los tiempos. El currículum del nuevo gobernador es impecable. Sin embargo no se puede obviar:
1) que no es el mejor momento de operar el cambio;
2) que como secretario de Hacienda Carstens fue uno los actores principales del conflicto gobierno vs. Banco de México;
3) que él mismo juró lealtad a Calderón: "yo estoy para ayudar al presidente".
Por otra parte, el nombramiento de Ernesto Cordero rompe la relativa neutralidad que la Secretaría de Hacienda había adquirido a partir de la alternancia política. Francisco Gil Díaz y Agustín Carstens son parte de los funcionarios formados en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda. Podían considerarse como apartidistas y facilitaban los acuerdos con las oposiciones.
El nuevo esquema salda, sin duda, un reclamo extendido en Acción Nacional desde el sexenio anterior: ¡Por qué en Hacienda no despacha un panista!
Ahora está por verse cuáles serán los efectos de esta nueva situación. Las preguntas se multiplican: ¿Ernesto Cordero es el delfín de Felipe Calderón?
¿Será el candidato de Acción Nacional a la Presidencia de la República? ¿Se están cargando los dados a su favor desde Los Pinos como hizo Fox con Creel? Etcétera.
Pero independientemente de lo que ocurra en el futuro es claro que Felipe Calderón hizo cambios que no eran necesarios ni oportunos. Hacienda y el Banco de México funcionaban bien. Cosa que no puede decirse de otras áreas y secretarías del gobierno federal. Así que para qué. El viejo dicho ranchero que invocaba Vicente Fox es sabio: no hay que cambiar de caballo a mitad del río y menos -añado yo- cuando la corriente está crecida.