'Pierden' arsenal ¡policías!

Cada dos años el Ejército verifica con las procuradurías o las Policías locales el estado que guarda su arsenal

Benito Jiménez

También es 5 veces el de la SSP de Baja California, compuesto por mil 470.

No obstante, el Ejército no tiene facultades para investigar esos casos, por lo que las propias procuradurías estatales levantan el acta o la querella para consignar el robo o el extravío y llevan a cabo las investigaciones.

El 78 por ciento del arsenal lo han extraviado o ha sido robado a las Policías estatales y municipales.

Además, en el mismo lapso, dependencias federales como la Procuraduría General de la República (PGR), el Cisen y la SSP federal han reportado 334 de sus armas como faltantes.

En total, no se sabe el paradero de 9 mil 228 armas.

Entre las unidades extraviadas se encuentran fusiles HK-G3, pistolas ametralladoras MP-5, pistolas HK-P7 M13S, escopetas Tryflyte, revólveres Smith & Wesson .38 y escopetas Mossberg .12.

Algunas han sido robadas por grupos de la delincuencia organizada.

Por ejemplo, en marzo de 2009 un comando irrumpió en el Sector de Zumpahuacán, Estado de México, de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE, Policía estatal), amagó a cinco agentes y robó 11 armas largas y 19 pistolas.

La Sedena es la dependencia responsable de vender armas a todas las corporaciones de seguridad del País que hayan tramitado una licencia oficial colectiva para su portación. Éstas están obligadas a reportarle los casos de robo o extravío mediante el levantamiento de un acta.

Cada dos años el Ejército verifica con las Procuradurías o las Policías locales el estado que guarda su arsenal y si cada unidad es la misma que le fue expedida, que la matrícula corresponda y si el agente que las porta está en la nómina de la dependencia estatal.

La Sedena sólo está facultada para sancionar a la dependencia que no justifique los faltantes, incluso con la cancelación de la licencia, pero no castiga a los elementos.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados, José Luis Ovando, opinó que el robo y extravío de armas es parte de la debilidad de las instituciones que dicen ofrecer seguridad a los ciudadanos.

"En el combate al crimen organizado nos encontramos con instituciones de seguridad pública, sobre todo del orden municipal en donde no están listas para poder frenar a la delincuencia, asunto que habla de revisar a fondo esas instituciones, pues no sólo nos enfrentamos con el faltante de armas sino con la malformación de policías", dijo en entrevista.

El legislador del PAN expuso que aunque en gran parte el robo o el extravío de armas es de caracter administrativo, también existen casos de dolo para sustraer las armas y otorgarlas a las redes criminales.

"Nos encontramos con una gran corrupción dentro de las corporaciones que lo mismo parece que se dedican a tareas policiacas que a defender a los delincuentes, un ejemplo es lo que ocurre con las armas, es un tema muy delicado, es un síntoma más de corrupción", manifestó.

Para el experto en seguridad nacional, Javier Oliva, la falta de armas revela una falta de disposición de las gobiernos locales para coordinar sus autoridades de justicia.

"La falta de capacitación, la falta de control sobre sus armas, la ausencia de un banco de información pone en evidencia la debilidad de una institución. Me parece un asunto serio la falta de armas para el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Subsemun, quedan muy mal paradas estas organizaciones", consideró Oliva.

El asesor del Colegio de Defensa Nacional alertó que no existe una capacidad jurídica para investigar el paradero de armas robadas o extraviadas.

El próximo 15 de junio el Ejército concluirá las revisiones al armamento de las Policías y Procuradurías locales, correspondientes al primer semestre.

Actualmente la Sedena practica revista de armamento a 67 licencias oficiales colectivas concedidas a cuerpos de seguridad pública y procuración de justicia.

Apenas el 9 de mayo el Ejército desarmó a elementos de Policía y Tránsito en Matamoros, Reynosa, Madero y Altamira, en Tamaulipas con el objetivo de revisar el armamento oficial.

Los soldados asumieron las tareas de seguridad pública en esos municipios.

"Las revisiones de armamento no tienen temporalidad, son muy detalladas y cada arma pasa por una revisión minuciosa, en tanto la seguridad de los municipios donde se lleva a cabo la revisión no se expone", explicó un mando militar.

El Ejército reconoce que los policías municipales expresan su molestia cada vez que son revisados.

"Es un proceso legal que se tiene que realizar", aseveró el jefe castrense consultado.

De acuerdo con datos de la Sedena, el 78 por ciento de las armas extraviadas son de corporaciones policiales municipales y estatales, otro 22 por ciento son de cuerpos de las Procuradurías estatales y el restante, de instituciones de seguridad federales como el CISEN, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal.