¡Vamos hacia el totalitarismo!

¿Quién podría confiar en ese Congreso?

(Segunda y última parte)

 

Los riesgos a la seguridad nacional, según las reformas, deberán prevenirse, investigarse, contenerse y desactivarse. Para esto, la Secretaría de Gobernación, Cisen, Ejército y Armada “podrán hacer uso de cualquier método de información y recolección”, incluyendo la información anónima, de inteligencia y contrainteligencia, así como la intervención de cualquier comunicación privada mediante solicitud a un juez, “quien deberá resolver en 12 horas”.

Con las reformas, las fuerzas armadas y el Cisen podrían acumular datos sobre cualquier ciudadano. La ley no prevé un mecanismo de defensa para conocer y proteger nuestros datos personales en posesión de la autoridad por motivos de seguridad nacional.

Bajo la declaratoria de situación de excepción, en otras palabras y eludiendo de nombre y efectos correctos inscritos en la  constitución: suspensión de garantías, se le otorgarían a las fuerzas armadas  facultades de detención en flagrancia, de identificación de personas por presunta comisión de delitos y de preservación de los indicios. También tendrían facultades para recabar información en lugares públicos. Mayores atribuciones no significarían mayores controles dado que los miembros del Ejército y la Armada seguirían siendo juzgados ante todo tipo de infracción en actos del servicio bajo el Código de Justicia Militar.

El viernes 22 de abril, organizaciones de derechos humanos nos recordaron que entre 2006 y 2009, las quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra las fuerzas armadas crecieron mil por ciento. Una mayor importancia de la milicia en tareas de seguridad interior y una legislación ambigua en cuanto a los límites de acción de las autoridades, llevará previsiblemente al registro de mayores abusos contra la población.

En resumen, los costos de las políticas de seguridad se transfieren enteramente a la ciudadanía, y en contraparte no contamos con mecanismos para evaluar dichas políticas, y de procedimientos para revocar el mandato a servidores públicos, quienes las implementen de manera ineficaz y negligente. Este es el mejor camino a un Estado policial, totalitario.

Independientemente de que es inobjetable que con estas adecuaciones marchamos hacia un Estado dictatorial, con todos los costos históricos, políticos, sociales y penales que se puedan imaginar, rompemos también una regla cuasi histórica. No conozco un caso de esa índole donde un golpe de Estado se haya fraguado y consumado desde el poder ejecutivo y con el beneplácito y apoyo del congreso. A eso, así de grave, nos estamos enfrentando. Vamos a constituir a Calderón y sus shogunes en émulos de mil tiranos y esta terrible deformación de la vida democrática nacional, seguramente trascenderá al siguiente sexenio por señalar lo menos.

Las fuerzas armadas pagarán también una enorme cuota. Nadie puede quitarles un gran prestigio y respeto popular que ganaron por décadas. A pesar de todo lo que estamos viviendo, siguen siendo, y varias encuestas lo demuestran, admiradas y necesitadas por el pueblo. Pues todo eso puede cambiar en unos meses si Calderón, transfigurándose en el Pinochet del Anáhuac, las convierte en enemigas del pueblo.

Yo no sé hasta dónde al interior de nuestras fuerzas armadas se tenga conciencia del grave riesgo que para su prestigio histórico, formado por tantas y tantas generaciones de gente leal y esforzada, contienen las intenciones presidenciales.

Sería entendible que en ciertos escalones, por su juventud e inexperiencia, el simple hecho de saber que se les otorgan mayores facultades generará un cierto entusiasmo sin un cálculo de consecuencias. Sería normal, nada les sería imputable. Lo que resultaría imperdonable, y aquí aparece otra vez la sombra de un golpe de Estado autogenerado, es que el alto mando y para no darle vueltas el propio secretario de la Defensa no tuviera estas reflexiones anticipatorias de lo que se puede desatar.

Unas fuerzas armadas vigorosas, fuertes, ejemplares, encuentran esas cualidades no en su magnitud, armamento sofisticado y demás signos de pujanza. Las grandes cualidades patrióticas de ellas encuentran eco en el respeto, solidaridad, estima y muy auténtica simpatía que el pueblo sienta por ellas.

El proyecto presidencial es verdaderamente tenebroso para la democracia y terriblemente riesgoso para el prestigio de las fuerzas armadas.  Esperemos que en septiembre se haya hecho una más minuciosa y patriótica reflexión.