REFORMA
Jaime Sánchez Susarrey
Iniciativa
Estamos, en los hechos, en la antesala de la elección presidencial. La agenda y el debate entre partidos y candidatos no pueden omitir el asunto del combate al crimen organizado
El Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia de Iniciativa México contiene 10 puntos que tienen sentido y son atendibles.
1. Los medios deben condenar la violencia y bajo ninguna circunstancia justificar las acciones y los argumentos del crimen organizado.
2. No convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada. Impedir que los delincuentes se conviertan en héroes o víctimas. Desechar información que provenga del crimen organizado con propósitos propagandísticos.
3. Dimensionar adecuadamente la información. Presentar la información en su contexto y dimensión correcta.
4. Atribuir responsabilidades explícitamente. Debe consignarse cualquier violación de los derechos humanos por el Estado en el combate al crimen organizado. Pero cuando se actúa dentro de la ley debe quedar claro que la violencia es responsabilidad de los delincuentes.
5. No prejuzgar culpables. Se debe presumir la inocencia de los detenidos hasta que sean condenados. Se debe exigir información al go- bierno sobre las detenciones, acciones e investigaciones que emprende.
6. La información que los medios presenten debe respetar los derechos de las víctimas y de los menores de edad involucrados en hechos de violencia. Nunca debe darse información que ponga en riesgo su identidad.
7. Alentar la participación y la denuncia ciudadana. Los medios deben promover que la ciudadanía denuncie a los delincuentes y participe, dentro de su ámbito, en la prevención del delito y reducción de la violencia.
8. Proteger a los periodistas. No firmar las notas sobre estos temas, hacer notas y coberturas conjuntas con otros medios y no hacer reportes en vivo desde las zonas más violentas.
9. Solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios. En caso de que algún reportero o medio de comunicación sufra amenazas y acciones de la delincuencia organizada para influir en su línea editorial y contenido informativo, los demás medios deben solidarizarse en contra de estas presiones, pero en los términos que mejor le convengan al reportero o al medio afectado.
10. No interferir en el combate a la delincuencia. Los medios no deben difundir información que ponga en riesgo la viabilidad de las acciones y los operativos contra la delincuencia organizada o que comprometan la vida de quienes la combaten o la de sus familias. Pero no se debe renunciar a cuestionar la efectividad de las acciones del Estado en el combate al crimen organizado.
Algunos de estos puntos pueden parecer meras perogrulladas. Pero no lo son. Basta referirse a la campaña "No más sangre" auspiciada por algunos periodistas y medios impresos. En ella no se alude explícitamente al crimen organizado y se responsabiliza implícitamente al gobierno de la República de la proliferación de la violencia.
Por otra parte, el balance de estos cuatro años y medio de combate al crimen organizado y las 35 mil muertes, que podrían ascender a 50 mil a finales del sexenio -cifra similar a los soldados estadounidenses caídos en Vietnam-, obligan a hacer un análisis de la estrategia.
Los señalamientos y las preguntas que se pueden formu- lar al respecto son mu- chos y muy variados.
¿Dónde está fallando la estrategia y la acción del gobierno de la República? En la falta de coordinación entre las cor- poraciones y los mandos de las mismas. En lugar de ello hay rivalidades entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República. O falta de coordinación entre el Ejército y la Marina.
¿Tiene alguna responsabilidad Felipe Calderón? Desde luego que sí. En primer lugar, porque es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y, en segundo lugar, porque el gabinete de seguridad nacional sesiona y opera bajo su mando. Además, es él quien declaró la guerra y ha advertido la gravedad de la situación.
Su responsabilidad entonces es mayor. La falta de una coordinación eficaz pone en evidencia que el Presidente no está jugando la función ni ejerciendo el liderazgo que le corresponde.
Este mismo análisis debe hacerse extensivo a los gobernadores. ¿Por qué falla la coordinación entre los niveles estatales y federales? Porque la mayoría de los gobernadores (y esto incluye a todos los colores) no se responsabilizan de lo que ocurre en sus estados.
Bajo el pretexto de que se trata de un delito federal se lavan las manos o se hacen de la vista gorda. Por eso, en sentido estricto, el combate al crimen organizado no se puede definir como una política de Estado. Cómo hacerlo cuando los gobiernos estatales están ausentes y los municipales están cooptados o intimidados por los delincuentes.
Por el lado del Poder Legislativo el balance es igualmente negativo. ¿Quiénes son los principales responsables de haber aprobado una Ley de Seguridad Nacional en el Senado de la República que somete a las Fuerzas Armadas a la autoridad de los gobernadores y los presidentes municipales en el combate al crimen organizado?
¿Por qué la ley que busca establecer un mando único en cada una de las 32 entidades de la Federación y que constituye un paso indispensable para avanzar en la creación de policías eficaces y profesionales está congelada?
Estamos, en los hechos, en la antesala de la elección presidencial. La agenda y el debate entre partidos y candidatos no pueden omitir el asunto del combate al crimen organizado. Pero a estas alturas, con el agudizamiento de la violencia e incremento del número de muertos, es indispensable que las propuestas sean claras, precisas y concretas. Hay que empezar por hacer un análisis serio de lo que ha pasado y de lo que ha fallado.