Fabricaron Calderón y Adame 'chivo expiatorio', dicen ONG de Morelos

Cuernavaca, Mor. La Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa exigieron al gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, y al presidente del país, Felipe Calderón Hinojosa, castigo para los verdaderos culpables del asesinato de siete personas, entre ellas Juan Francisco Sicilia Ortega, y “que dejen de fabricar pruebas, presentar chivos expiatorios y falsos positivos”.

Mediante un documento que emitieron en conjunto el vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, José Martínez Cruz, y la vocera de la otra organización, Susana Díaz, demandaron el cese inmediato de las incursiones militares en la vida de los civiles, un alto a los cateos de domicilios de supuestos partícipes en el asesinato de las siete personas.

“Las organizaciones de derechos humanos en Morelos hemos exigido que no haya impunidad en las ejecuciones extrajudiciales y crímenes violentos que han privado de la vida a cientos de personas, entre ellos muchos jóvenes y mujeres, en esta cruel e inhumana guerra en donde es el pueblo el que pone los muertos. Ningún crimen debe permanecer impune. Es el principio elemental de la aplicación de la justicia. Y lo que permite crear condiciones para impedir que estos crímenes se generalicen como ha venido sucediendo a grados de verdadero genocidio en todo el país, con casi 40 mil personas muertas”.

Aseguraron que en la investigación, persecución y sanción del delito, la autoridad está obligada a cumplir con principios legales y procedimientos técnicos y jurídicos claramente establecidos “para dar la certeza jurídica de que se sanciona al verdadero culpable de cometer el delito”.

Incluso afirmaron que la justicia pasa necesariamente por el conocimiento pleno de la verdad histórica de los hechos.

“Por tal motivo, ante los más de mil 200 crímenes violentos ocurridos en 5 años en Morelos, hemos exigido que las instancias de procuración de justicia investiguen de manera seria y profesional, apegado a los protocolos, ya que en la inmensa mayoría de los casos ha habido negligencia en la preservación de la escena del crimen, irresponsabilidad en las necropsias y en pruebas periciales, uso de la práctica de la tortura, tratos infamantes y degradantes para obtener confesiones a modo y fabricación de culpables”, asegura el documento.

Respecto a la detención del joven de 24 años, Rodrigo Elizalde Morán, presentado ante los medios de comunicación en la 24 zona militar, “brutalmente torturado, con huellas de que se le lastimaron las uñas de los pies, mostrando su rostro deformado por los golpes, obligado a hacer confesiones públicas sin tener un abogado que lo auxilie y sin que haya autoridad ante la cual declara, después conducido al domicilio de un prestigiado médico cardiólogo, para ubicar el sitio donde supuestamente habrían sido llevados Juan Francisco Sicilia y sus compañeros para ser asesinados, afirmamos que todo ello responde a un esquema prefabricado y no a una investigación seria y profunda al respecto para encontrar a los verdaderos culpables”.

Desconfiaron de esta detención por ser producto de una entrega por parte de un comando de personas encapuchadas que detuvieron a esta persona hoy acusada de ser parte del grupo que privó de la vida a las 7 personas cuyos cuerpos aparecieron en el fraccionamiento Brisas de Temixco, “cuando dos días antes la propia PGR había anunciado la entrega de millones de recompensa a quien diera solo algunas pistas confiables sobre el paradero de los autores del crimen”.

“Aunado a lo anterior, se ha desatado una verdadera cacería de brujas con operativos militares y policiacos en diversas partes de Morelos, con allanamientos de viviendas sin que exista la más mínima orden de investigación, la violación generalizada de las garantías individuales y los derechos humanos en la entidad, es hoy, de nueva cuenta una realidad: El ejército, junto con la policía federal, desde hace dos días ha intensificado operativos en todo el Estado, ha instalado retenes y ha violentado sistemáticamente los derechos humanos de las y los morelenses. Tenemos conocimiento de cateos en Ocotepec, Santa María, Alta Vista Jiutepec,
Zapata.

“Esta práctica de presentar supuestos resultados mediante personas a modo, chivos expiatorios, es una práctica instituida en Colombia, donde se aplican las peores estrategias diseñadas por instructores norteamericanos, donde los falsos positivos han provocado ya un verdadero escándalo por la complicidad entre militares y policías con funcionarios para aumentar las estadísticas a modo del gobierno, sin que haya un avance real contra la delincuencia”, subraya el documento.

Frente a esta situación, los organismos defensores de derechos humanos solicitaron
a las autoridades de los tres niveles de gobierno respeto a los derechos humanos de todas y todos los morelenses, el cese a la cacería de brujas y la fabricación de delincuentes.

Además exigieron al titular de la Procuraduría General de Justicia de la entidad
(PGJE), Pedro Luis Benítez Vélez, que dé a conocer la verdad de los hechos del pasado 28 de Marzo y cuáles son sus pruebas para incriminar a los que se acusan como probables responsables.

Los organismos de derechos humanos estatales también solicitaron que la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) intervenga en el esclarecimiento de los hechos y en la investigación, “enviado un visitador y constate la situación física del detenido y se le brinde ayuda humanitaria, así como una investigación seria y profesional de todos los crímenes y castigo a los verdaderos culpables, y que se ponga ya un alto a la impunidad”.