sábado 16 de abril de 2011,   05:24hrs

Palabra(s) o tema a monitorear: Jaime Sánchez Susarrey

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No + sangre

Indispensable es reconocer la complejidad de la situación. Los llamados a negociar con el crimen organizado para pactar la paz y "reconstruir el tejido social" suponen algo que no es cierto

La campaña No más sangre está basada varios equívocos. Primero: la ofensiva del Estado contra el crimen organizado es la guerra de Calderón, de nadie más.


Falso y cierto. Falso si se parte de que Calderón tenía la opción de evitar el enfrentamiento. El fortalecimiento del crimen organizado y la expansión de zonas bajo su control venían de atrás. El caso de La Familia en Michoacán es ejemplar. Su implantación y poder ya estaban allí antes que FCH asumiera la Presidencia. Basta recordar que las primeras cabezas cercenadas fueron arrojadas en un bar de Uruapan por La Familia en 2006.


Cierto si se asume lo que es una realidad: los gobernadores se lavan sistemáticamente las manos. No intervienen porque tienen pavor, en el mejor de los casos, o porque hay algún grado de corrupción o tolerancia, en el peor. En los municipios ocurre algo más grave. Siete de cada 10 municipios, según el Senado de la República, están penetrados por el crimen organizado.


Así que, en efecto, la guerra contra el crimen organizado la libra Calderón en persona y en solitario porque no hay corresponsabilidad de los gobiernos estatales ni municipales. Pero que así sea no es culpa del presidente de la República. Por eso no se puede hablar de una política o estrategia de Estado.


Otro tanto se pue- de decir de las oposiciones. Lo ocurrido con Julio César Godoy es ilustrativo. Los perredistas lo cobijaron para que tomara posesión como diputado federal. Leonel Godoy, gobernador de Michoacán, sin embargo, jamás estuvo dispuesto a meter las manos al fuego por su medio hermano. El final de la historia es alucinante: el flamante diputado desaforado se fugó y es hora que no aparece por ninguna parte.


El Partido Revolucionario Institucional, por su parte, no canta mal las rancheras. Existen estrategias para sacar a las Fuerzas Armadas del campo de batalla y regresarlas a sus cuarteles. No se trata, en ningún caso, de descubrir el hilo negro. Bastaría con profesionalizar y capacitar a los cuerpos policiacos.


Dada la gravedad y complejidad de la situación lo óptimo sería trabajar en la creación de una policía nacional única. Sin embargo el tema se politizó absurdamente. Los gobernadores, los mismos que se hacen los occisos frente al crimen organizado en sus estados, se niegan a perder ese coto de poder.


Para salvar este problema se optó por un esquema intermedio. Crear 32 policías bajo un sólo mando en cada entidad. La estrategia no era tan efectiva como la policía nacional única, pero constituía un avance respecto de lo realmente existente: más de 2 mil cuerpos policiacos municipales, de los cuales la gran mayoría están mal armados y pésimamente capacitados.


Esta iniciativa, ya rasurada, enfrentó una segunda oleada oposicionista. Pero ya no fue encabezada por los gobernadores, sino por los propios presidentes municipales de las ciudades más grandes. Se resisten, al igual que los gobernadores, a perder ese coto de poder.


Así que la iniciativa se redujo en sus alcances una vez más. Para no lastimar intereses se optó por una serie de medidas intermedias, como que se evalúen las policías municipales o se coor- dinen con el mando único, siempre y cuando así lo decidan.


A la fecha, la iniciativa de reforma que envió Calderón para operar esos cambios está en el Congreso y no hay ninguna eviden- cia que permita suponer su pronta aprobación. Poco importan los 35 mil muertos, la necesidad de recobrar el tiempo perdido y la urgencia de retirar a las Fuerzas Armadas de labores policiacas.


Lo cierto es que a los diputados y senadores del PRI no les corre el tiempo. Están ocupados en otras iniciativas, como la prohibición de la publicidad sexual o el combate de los medicamentos "milagro". Todas ellas, como se puede constatar, capitales para el futuro del país.


Así que la falta de avances en la estrategia para enfrentar al crimen organizado no es responsabilidad exclusiva del titular del Ejecutivo. Si se hubiera actuado con responsabilidad en el Congreso, la transformación y profesionalización de los cuerpos policiacos ya estarían en marcha.


¿Esto significa que el presidente de la República no ha cometido ningún error y no es responsable de que la batalla no se haya ni se vaya ganando? No, de ninguna manera. Señalo dos puntos capitales: 1) la deficiencia en la selección de los responsables de áreas estratégicas; 2) la falta de coordinación entre ellos.


La reciente remoción del procurador general de la República plantea varias preguntas obligadas: ¿por qué nombró procurador a un personaje, Arturo Chávez, con tan poca experiencia y con un currículum apenas presentable? ¿Por qué el Presidente en persona no asume la coordinación y el trazo de estrategias en el gabinete de seguridad?


El deslinde de responsabilidades es, pues, indispensable. Como indispensable es reconocer la complejidad de la situación. Los llamados a negociar con el crimen organizado para pactar la paz y "reconstruir el tejido social" suponen algo que no es evidente ni cierto.


A saber, que la violencia que padecemos los ciudadanos es una especie de daño colateral que se puede evitar. Si no nos metemos con el crimen organizado, ellos no se meterán con nosotros. Es posible que esto haya sido cierto en el pasado.


Pero si lo fue, ya no lo es. Basta con entender que los secuestros, el derecho de piso, el control de giros y productos piratas son ya actividades muy redituables. Y esto sin mencionar los reclutamientos forzosos, los asesinatos en masa y el tráfico de migrantes.


Así que no, por desgracia todo es complejo y aún no se ve la luz al final del túnel.