REVISTA SIEMPRE
JORGE CARRILLO OLEA
SIMULACION EN EL CONTROL DE CONFIANZA

Acostumbrados a que nos quieran tomar el pelo con soluciones mágicas para todo, algunas personas han empezado a dudar  sobre si el cada vez más difundido término de control de confianza, referido a  los cuerpos responsables de la gestión de inteligencia, prevención y persecución del delito —que en el caso de nuestro país son innumerables, dispersos y sin principios estandarizados— es confiable o no en la práctica. La respuesta es: en la inmensa mayoría, no. Sobre todo en organizaciones donde ha existido de siempre una enorme simulación, donde todo se justifica y todo está siempre bien.

Se piensa, con simplificación, que el citado control se refiere a “pasar por el polígrafo”. Simplificación razonable dada la falta de información de parte de los gobiernos, principales interesados en fomentar la confianza en sus organizaciones. Sin que exista una teoría suficientemente explorada sobre el tema o suficientemente consolidada, se podría decir que tal control abarcaría:

1. El acceso a las instituciones, 2. La constante vigilancia sobre la conducta del servidor público y las de sus vinculados en toda forma y 3. La verificación científica de su lealtad en forma rutinaria o periódica.

Como se puede advertir, este propósito demandaría para aplicarse de vastos y diferentes recursos: una legislación de apoyo; personal altamente calificado y celosamente vigilado; tecnología actualizada y presupuesto suficiente en todas las instancias en que se desee aplicar. Es difícil que una institución, de las que manejan inteligencia o información sensible, en los cuerpos policíacos, de procuración de justicia o judiciales de cualquier nivel, presuma con honestidad que cumple con los requisitos señalados.

El control de acceso estaría razonablemente solventado si funcionara algo que empezó a operar en 1985 y después se abandonó: el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública que prevé la ley y que no opera. A ese banco se solicitaba de manera obligatoria información sobre antecedentes de candidatos a ingresar a las instituciones. Para enriquecerlo, también de manera obligatoria, todas las instituciones tendrían el compromiso de informar periódicamente sobre las razones y condiciones de conducta y/o de separación  del servicio de sus miembros.

Los exámenes son a tal grado simulados como que un médico oficial (en Morelos) ha realizado más de 150 exámenes en una sola mañana. Así se ejecutaron igual número de exámenes psicológicos, consistentes sólo en llenar un cuestionario. Con él no se desechó a nadie. ¿Costo del “control”? 50 pesos por individuo.

De los cuerpos policíacos supuestamente controlados a nivel nacional, el porcentaje es totalmente deficiente. Hidalgo, como ejemplo, ha examinado sólo al 8% de sus elementos. Si esto funcionara nunca hubieran llegado a sus puestos los asesinados general Farfán Carriola, jefe de la policía de Nuevo Laredo, ni Paulino Bravo, de la policía de Cuautla. Nunca hubieran ocupado sus puestos, a pesar de que al último se le había reprobado por el sistema en el examen correspondiente. Ambos arrastraban  antecedentes terribles. La responsabilidad, se puede apreciar, no es toda del sistema, son irresponsablemente omisos algunos gobernadores y presidentes municipales.

La vigilancia constante de conductas estaría a cargo de otra falacia, Asuntos Internos, que debe ser una constante auditoría sobre el rendimiento y conducta, incluidos patrimonio, hábitos y adicciones de cada miembro. Resultados insuficientes o negativos de esta instancia resultarían en consignaciones, sanciones y despidos.

La verificación de lealtad —que así se llama también— es la aplicación periódica del polígrafo, pero no nada más eso. Es someter a interrogatorios de gran confianza, científicamente diseñados y ejecutados por expertos sobre la vida oficial y personal del individuo en cuestión.

Los poligrafistas deberían ser personas de extraordinarias cualidades, sobre todo psicológicas, y ser resultantes de exigentes procesos de calificación y certificación periódica, de otro modo se tornan en un peligro para los que se sujetan a sus exámenes y para las instituciones. Las instituciones oficiales y no gubernamentales de derechos humanos deberían vigilar su uso y aplicación preventivos en pro de los debidos procesos y del respeto a ser humano. El llamado detector de mentiras o máquina de la verdad es un indicador útil para el registro de respuestas fisiológicas. Generalmente registra las variaciones de la presión arterial, el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y la respuesta galvánica o conductancia de la piel, que se generan ante determinadas preguntas que se realizan al sujeto sometido a la prueba.

Su credibilidad y correspondiente aceptación como instrumento fehaciente dista mucho de ser universal. En ciertos medios, se le niega toda verosimilitud; en otros, se le otorga alguna de orden indicativo o sencillamente en otros no se cree en él. Mi opinión personal es que su valor es solamente indicativo y por ello debe ser complementado con otros elementos de valor científico, como interrogatorios pero conducidos sólo por expertos. Un manejo irresponsable y de credibilidad extrema al polígrafo, puede igual enviar a un sujeto a la cárcel que dejar en libertad a un presunto infractor de normas jurídicas de cualquier orden.

De esta  breve descripción de lo que debiera ser un sistema de control de confianza pueden derivarse conclusiones sobre lo remoto que es el creer que está siendo aplicado debidamente en su integralidad. Eso no pareciera ser creíble. Si así fuera, no sólo es inútil, sino altamente peligroso para nuestras instituciones, sobre todo las actualmente vinculadas a la inteligencia, prevención y persecución del delito, según corresponda, en los niveles municipales, estatales y federales. Usted, ¿qué cree?